Nos llega este aporte de mi amigo personal Juan Carlos Sánchez Arnau, Doctor en Economía, ex embajador ante la OMC, ex embajador en Rusia, entre numerosos cargos desempeñados en la gestión pública y ante organismos multilaterales
Preocupado por la constante pérdida de reservas y el aumento del dólar en los mercados “paralelos” (“blue” y “contado con liqui”), el Gobierno se decidió, finalmente, por adoptar un conjunto de medidas de ajuste (con perdón de la palabra) que están morigerando aquellos efectos y le están permitiendo ganar tiempo hasta la entrada de las divisas provenientes de la venta de la próxima cosecha de soja.
En este artículo tratamos de explicar el contenido, los objetivos y efectos de esas medidas.
1. Apertura parcial del “cepo cambiario”: baja la presión sobre el “blue” o “paralelo” al atender la demanda del “chiquitaje”. El Central puede regular la cantidad diaria de operaciones vía las autorizaciones de la AFIP o las disponibilidades de dólares “cash” en los bancos.
2. Incremento de la tasa de interés a través de las Letras colocadas a los bancos. Así llevó la tasa de interés al 28,8% y de este modo retiró de la plaza en pocos días alrededor de $ 20.000 millones (se estima que el excedente de liquidez a fines de enero era del orden de los 150.000 millones). El objetivo es “secar” la plaza, bajar la presión sobre el dólar y enfriar la demanda.
3. Un efecto colateral importante: encareció el crédito y redujo la capacidad de financiamiento de los grandes proveedores de crédito al consumo (cadenas de electrodomésticos, tarjetas de crédito, financieras asociadas a los bancos).
4. Devaluación: comenzó acelerando la tasa diaria de devaluación y luego pegó un salto significativo hasta ubicar el dólar oficial alrededor de los $8. Esto tiene varios efectos:
a. Incita a los exportadores a liquidar sus existencias. Esto incrementa las disponibilidades de dólares del BCRA pero, a su vez, lo obliga a emitir pesos para comprar esos dólares. De allí la importancia de la colocación de bonos del Central para sacar liquidez de la plaza a fin de evitar que aumente la demanda, cebada por el exceso de liquidez.
b. Hace más competitivas las exportaciones de transables (alimentos, básicamente) y genera aumentos en los precios internos de esos productos. Este efecto no puede limitarse mediante la introducción o el aumento de las retenciones, dado que estas han dejado de cumplir el rol para las que habían sido concebidas (absorber parte de las ganancias extraordinarias originadas en una devaluación) y han pasado a ser un anticipo y complemento del impuesto a las ganancias (pero ligado al precio del producto y no a las utilidades del productor o del exportador).
c. Encarece las importaciones de insumos básicos y especialmente de los combustibles, con el consiguiente efecto de traslado a los costos de muchos otros productos y de servicios básicos como la energía y el trasporte.
5. Limitación de la cantidad de dólares que el Central entrega para pagar importaciones. Esto genera peores efectos que la prohibición de importaciones, porque no es una medida explícita. Genera incertidumbre y desde el punto de vista monetario complica la situación de las empresas, que han entregado pesos a los bancos o han obtenido créditos de los mismos para la apertura de los documentos necesarios para poder concretar la importación, pero que no pueden obtener las divisas para despachar a plaza las mercaderías importadas. El sistema no solo carece de transparencia (lo que permite abusos y corrupción) sino que además está generando un importante aumento de costos de las importaciones por el pago de las estadías de los contenedores en puerto, que lo deben solventar los importadores y que luego lo trasladan a los precios.
6. Esta política, que se viene practicando desde hace tiempo, tiene otros efectos colaterales negativos: limita las posibilidades de exportación de aquellos productos que requieren insumos o partes importados. Aumenta el precio de esos insumos y de los productos finales a los que están destinados, haciendo menos competitivas esas exportaciones. Por otro lado, dado el costo incierto de la importación, termina por desalentarla, sin que en la mayor parte de los casos se cuente con sustitutos locales o exista capacidad para producirlos. De allí los “faltantes” crecientes de diversos tipos de productos.
7. Presión sobre las grandes empresas importadoras para que financien sus importaciones con divisas obtenidas en el exterior, generalmente mediante préstamos de sus casas matrices o de bancos. Atento las limitaciones a la entrega de divisas para poder concretar importaciones, para ciertas empresas, como las automotrices, no queda otro camino abierto si desean continuar importando.
8. Presión sobre las grandes empresas exportadoras para que liquiden sus stocks de la cosecha anterior (se estima que hay unos usd 3.500 millones pendientes de exportación, aguardando que el Central de una clara señal acerca del nivel al que quiere mantener la cotización del dólar). En algún momento el Gobierno también intentó acordar un “préstamos puente” (es decir una suerte de adelanto) de las exportadoras de cereales hasta tanto comiencen a liquidar la próxima cosecha. No se tiene conocimiento del estado de esas tratativas.
9. Disminución al treinta por ciento del porcentaje del patrimonio neto que los bancos pueden mantener en dólares. Esta es una de las medidas más efectivas que ha tomado el Central: obliga a los bancos a desprenderse del “excedente” de dólares y de bonos emitidos por el gobierno en dólares. La mayor parte de esos dólares irán a parar al Central y están generando una baja en la cotización del dólar: por otra parte, la venta de bonos ha generado una fuerte baja en su precio que, a su vez, ha hecho bajar la cotización del “contado con liqui”. Es decir, la operatorio mediante la cual un particular adquiría con pesos bonos en dólares, liquidaba los mismos 72 horas después y se hacía, aquí o en el exterior, de dólares.
Resumiendo este análisis podríamos decir que:
1. La devaluación y todas las medidas que la acompañan es posible que consigan disminuir y eventualmente detener la pérdida constante de reservas y le den tiempo al Gobierno para llegar hasta marzo/abril, cuando comience a venderse la próxima cosecha;
2. El principal efecto de la devaluación será un aumento generalizado e importante de precios;
3. Las medidas tomadas para limitar importaciones, secar la plaza y encarecer el crédito, limitarán la demanda y compensarán, solo parcialmente, los aumentos de precios, dado que estos están ahora más influidos por una inflación de costos que por una de demanda, lo que hace que los costos de reposición sean más elevados e impide los descensos de precios;
4. Los efectos colaterales (y en algunos casos directos) de las medidas tomadas, generan una creciente incertidumbre y terminarán de paralizar las inversiones, con la consiguiente disminución en la creación de puestos de empleo;
5. La disminución de la demanda podrá generar también pérdidas de puestos de trabajo, dado la necesidad de bajar costos o simplemente de bajar la producción por causa de esa caída en la demanda: mucho dependerá de la situación de cada empresa en materia de stocks y de su posicionamiento en el mercado.
Pensando en los próximos meses, los grandes interrogantes son:
1. ¿qué sucederá con las negociaciones salariales? Pensar en paritarias que fijen aumentos de salarios por un año, en este contexto de incertidumbre y cuando el efecto de las medidas comentadas aún no ha terminado de trasladarse a los precios, es difícil. La lógica apuntaría a un acuerdo marco, con la definición de ciertos parámetros y una revisión de las metas salariales en algún momento del segundo semestre. Un aspecto a no perder de vista es la introducción del nuevo sistema de cálculo del índice de precios minoristas que deberá instrumentar el INDEC a fin de mes.
2. ¿profundizará el Gobierno estas mismas medidas, introduciendo mayores restricciones para defender las reservas del Central, o se manejará con un criterio pragmático según cómo evolucione la situación? Este último es el escenario más factible aunque deja como efecto secundario una cierta incertidumbre sobre el “nivel de anclaje” de la divisa, que en una economía como la argentina es un dato clave: se trata en definitiva del valor de la moneda por la que se miden todas las transacciones domésticas.
3. ¿continuará castigando a la producción y a los balances de las empresas impidiendo la actualización fiscal de los valores de los activos y manteniendo el mayor nivel de presión impositiva de la historia, a pesar de que estamos en la puerta de una recesión?
4. ¿continuará incrementando la deuda interna mediante el atraso en la devolución de impuestos (como el IVA exportación), la demora en el pago a proveedores, la mora en el pago de las decisiones judiciales, o la incorrecta liquidación de deudas previsionales que ya han originado 456.000 juicios que aumentan a razón de miles por semana?
5. ¿adoptará el Gobierno medidas más de fondo referidas al gasto público? Las más obvias son:
a. la paulatina eliminación de los subsidios al gas, a la electricidad y al agua, mediante correcciones de tarifas y recortes a los subsidios que perciben las empresas y eliminación de los subsidios al trasporte en el área metropolitana de Buenos Aires;
b. El recorte sustantivo del despilfarro en el gasto público. Es decir, recortar desde el Fútbol para Todos (o sea el subsidio a la caja de los clubes de fútbol) hasta la publicidad oficial y el gasto descontrolado de toda la administración nacional, y el de la totalidad de las empresas públicas nacionales, comenzando por el de Aerolíneas Argentinas.
Más allá de este nivel de recortes comienzan las rigideces del gasto público: salarios, jubilaciones y pensiones. Aquí la solución por la que ha optado el Gobierno es fácil: dejar que esos ingresos se licuen por vía de la inflación. Lo ha hecho de forma notoria con el índice que “fabricó” para el último aumento semestral de las jubilaciones mínimas. La incógnita en este caso está referida a la posible reacción de los afectados, especialmente los gremios de empleados públicos y docentes.
6. Queda, por último, otro interrogante ¿continuarán al mismo ritmo del año pasado las transferencias del Tesoro a las provincias? ¿o el Gobierno central trasladará también a las provincias el proceso de ajuste? De ser así, hay varios casos donde no se está muy lejos de lo que los tesoros provinciales pueden soportar, comenzando, nada menos, que por la provincia de Buenos Aires. Si, como ha sido la práctica de los últimos años, el flujo de fondos a las provincias (y a los municipios vías ATN y otros subsidios) se hace en función de la simpatía política, en momentos en que vamos entrando en la definición de candidaturas mayores, podemos encontrarnos con situaciones muy complicadas en más de un distrito.
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