El Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy impuso en el Congreso de Diputados su mayoría absoluta para avanzar en la derogación de la norma de Jurisdicción Universal, impulsada por el ex juez Baltazar Garzón y mediante la cual sus tribunales podían investigar en su territorio los crímenes cometidos por otros Estados.
Los crímenes cometidos por el franquismo nunca fueron juzgados y gozan de la más absoluta impunidad desde la Moncloa, donde se acordó no juzgar los crímenes de la dictadira franquista.
La reforma que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que los jueces sólo podrán investigar delitos de genocidio o de lesa humanidad siempre y cuando la causa se dirija contra ciudadanos españoles o ciudadanos extranjeros que residan habitualmente en España o cuya extradición hubiera sido denegada, lo que inevitablemente llevará a archivar la mayoría de las causas que se venían tramitando ante la Audiencia Nacional.
Los partidos de la oposición masivamente votaron contra la medida y advirtieron que su naturaleza es “inconstitucional” y “promueve impunidad”, al tiempo que acusaron a Rajoy, de “priorizar las relaciones comerciales por sobre los derechos humanos”.
La ley fue votada en el recinto a tan solo 24 horas de que el juez Ismael Moreno dictara una orden de captura internacional contra el ex presidente de China, Jiang Zemin, y otros cuatro ex altos funcionarios de su gobierno, imputados por los delitos de genocidio cometidos en el Tíbet entre las décadas del ’80 y ’90.
Moreno retomó el argumento esgrimido el 18 de noviembre último por la Audiencia Nacional, que impulsaba la detención entre otros de Zemin por considerar que existían “indicios” de su participación en los hechos.
Los tribunales españoles tuvieron en cuenta una resolución de Naciones Unidas en la que se reconocía que “las autoridades chinas llevaron adelante una serie de acciones” para “eliminar la propia idiosincrasia y existencia del país tibetano imponiendo la ley marcial, llevando a cabo desplazamientos forzosos, campañas masivas de esterilizaciones, torturas de los disidentes y traslados obligatorios”.
La acción judicial generó un cortocircuito diplomático entre los gobiernos de Pekín y Madrid, que se espera quede superado con la derogación de la ley .
El Partido Socialista (PSOE), principal fuerza de la oposición adelantó que acudirá al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en tanto que organismos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional denunciaron que esa situación genera un retroceso en la lucha contra la impunidad.
Esteban Beltrán, director de la filial de Amnistía en España consideró la decisión del partido gobernante como “ilegal de todo derecho” ya que “un Parlamento no puede obligar a un juez”.
Por su parte, Joaquim Bosch, vocero de la organización de Jueces para la Democracia afirmó que más allá de lesionar “los ideales democráticos”, la medida genera una desprotección para los ciudadanos españoles en el exterior.
“Esta decisión es una demostración de la genuflexión del Partido Popular ante las presiones de los poderes económicos y políticos”, dijo desde el abogado Carlos Slepoy al ser consultado por BAE Negocios.
Slepoy, abogado querellante en la causa contra los crímenes del franquismo que se tramitan en Argentina, consideró que “las protestas que se están produciendo en todos los niveles son una demostración de que el principio de justicia universal se ha convertido en un elemento fundamental de protección de los derechos humanos en el mundo”.
Las principales causas
Entre las causas más resonantes que en el marco de la Jurisdicción Universal investigó la justicia española, figuran las que llevó adelante el ex juez Baltazar Garzón y mediante la cual se logró la detención en Londres en 1998 del ex dictador chileno Augusto Pinochet sin que pudiera finalmente ser extraditado a España. También la que en 2005 terminó con la condena a 1.084 años de cárcel para el ex oficial naval Adolfo Scilingo por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en Argentina.
En la actualidad, la Audiencia Nacional investigaba el caso del diplomático español Carmelo Soria, asesinado en 1976 en Chile y por el que se libraron órdenes de captura contra 7 ex agentes de la DINA; el asalto a la embajada española en Guatemala, donde murieron 37 personas en 1980 y por el que están imputados diez ex altos funcionarios de ese país; el asesinato del teólogo español Ignacio Ellacuría y de otros cinco jesuitas hechos ocurridos en El Salvador en 1989, y los casos de torturas denunciadas por detenidos ilegalmente por Estados Unidos en la base de Guantánamo (Cuba).
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