Investigaciones post saqueos

Varios fiscales hicieron presentaciones para que la Justicia establezca si hubo extorsión o intenciones desestabilizadores a nivel provincial y/o nacional. El gobierno del Chaco acusó a un alto funcionario policial como promotor de los saqueos.
Al menos en Chaco, Rosario, Tucumán y Mar del Plata ya se abrieron investigaciones penales que apuntan a integrantes de las policías locales por el posible delito de sedición y a establecer la conexión entre sus protestas y los saqueos en los comercios. La hipótesis que subyace es que el encadenamiento de alzamientos policiales no responde a un efecto de contagio ni exclusivamente a un reclamo salarial, sino que buscaría efectos extorsivos y desestabilizadores a nivel provincial y/o nacional. Algunas de las causas son impulsadas por fiscalías en función de una comisión específica creada por la procuradora general Alejandra Gils Carbó. Otras fueron iniciativas sueltas y pedidos de gobiernos provinciales. Los robos y homicidios se analizan en expedientes separados, en los tribunales de cada jurisdicción.
Una de las primeras denuncias la hizo el fiscal general de Mar del Plata, Daniel Adler, quien afirmó que allí “un grupo de no menos de diez personas de condición policial que actuaron en connivencia con agitadores civiles, tomaron la decisión de autoacuartelarse para obtener beneficios salariales” y lo hicieron “a sabiendas de que esas acciones implicarían la comisión de múltiples delitos por parte de otras personas que aprovecharían esa situación policial de brazos caídos”. “No sólo posibilitaron los robos, sino que generaron en la población un temor cierto acerca de la seguridad común, afectando el orden público”, advirtió. Hubo, dijo Adler, “un alzamiento en armas contra los poderes públicos reprimido por la ley penal argentina” que puso “en riesgo las instituciones de la República y la Constitución”. Señaló los delitos de asociación ilícita y sedición.
Además de la investigación que allí conduce el fiscal Pablo Larriera –por la presentación de Adler–, se investigan en la Justicia local ordinaria los saqueos, por los que hubo 55 personas detenidas, y los incendios a seis colectivos.