Bolivia: tres proyectos en pugna

Por Rubén Weinsteiner

La explosión política y social en Bolivia surge de varios factores: la lucha por el control de las riquezas naturales que encierra su tierra; la reivindicación de autonomía de su región más rica y empresarial (Santa Cruz) a través de planteos políticos como "La nación Cambá"; la afirmación de la identidad indígena y la búsqueda de reivindicaciones de pueblos postergados por siglos -especialmente entre los aymaras; las reivindicaciones de los cultivadores de coca, asediados por las exigencias estadounidenses de erradicación de sus plantaciones y por la presión del narcotráfico, combinadas con un fuerte contenido ideológico que está presente en Bolivia desde la revolución de 1952; y la crisis de legitimidad de una clase política desprestigiada.

La renuncia del Presidente Mesa no ha logrado pacificar al país, apenas postergó el estallido del conflicto y el avance sobre el poder político de los diferentes sectores en pugna. Sumidos en un autismo agudo, los dirigentes políticos no encuentran caminos para destrabar la situación.

En general, hasta ahora, el conflicto se ha leído de una manera bastante primaria, reduciéndolo al reclamo contrapuesto de un pueblo pauperizado, contra los intereses de una oligarquía enquistada en el poder, en los que se mezcla el reclamo de autonomía de los territorios del sur y el oeste. Esta simplificación da lugar a la esperanza de encontrar soluciones institucionales, como las que pretende hallar la acosada clase política,

Pero esta visión ha ignorado que aún entre los sectores que han motorizado las protestas los proyectos son disímiles en extremo. Aunque diferenciados en sus objetivos indigenistas y campesinos se han unido, hasta aquí, en el reclamo primario de llamar a asamblea constituyente y nacionalizar los recursos naturales, un pedido irreconciliable con el proyecto de las asambleas del sur y oeste, que pretenden encauzar su futuro mediante un proyecto económico autonómico-separatista y mas ligado al contexto internacional. Lo paradójico es que la revuelta popular iniciada hace casi dos años tiene como origen una buena noticia: el descubrimiento de inmensos yacimientos de gas en la sureña provincia de Tarija (no en Santa Cruz, como se suele informar erróneamente). Una explotación eficiente de este gas podría sacar a Bolivia de su pobreza, gracias a dos mercados ricos y ávidos de gas: Chile y California, mediante un gaseoducto al Pacífico a través de Chile. Pero al ser éste el territorio que Chile arrebató a Bolivia hace más de un siglo, los bolivianos rechazaron la opción.

Por otro lado, el anterior presidente, Sánchez de Losada, cedió la explotación futura a compañías extranjeras, principalmente a Repsol y a Petrobrás. Y aquí funcionó la memoria histórica Aymara :"Ya se llevaron los españoles el oro y la plata, y los estadounidenses el cobre y el estaño, los brasileños ahora el gas y el petróleo."Así todas las riquezas que la Pacha Mama otorgaba a los bolivianos se convertían en fuente de expoliación y nuevo sufrimiento para beneficio de los extranjeros. Ante ese sentimiento, ampliamente compartido por todas las regiones y todos los sectores populares, de nada sirvieron las llamadas a la racionalidad económica, a la necesidad de tecnología, inversión y canales de comercialización, al posicionamiento de Bolivia en la globalización. Lo que primero fue una exigencia de regalías y altos impuestos, que las empresas petroleras denunciaron como leoninos, desembocó en el clamor por la nacionalización del gas y de todos los recursos naturales. Como hizo Paz Estensoro con las minas tras la revolución de 1952. Pero sobre ese trasfondo de independencia económica se proyecta una compleja trama de intereses contradictorios.

Las diferencias sobre la explotación de los hidrocarburos, el agotamiento del sistema político y la incertidumbre sobre el régimen de la tierra abrieron la compuerta a enormes presiones sociales, políticas, empresariales y regionales, que llevaron incluso al ex presidente Carlos Mesa a decir que Bolivia "está al borde la guerra civil".

El tema de la propiedad de los hidrocarburos también causa controversia, porque un sector encabezado por las organizaciones sindicales de occidente, como la Confederación Obrera Boliviana (la poderosa COB) y los alteños (habitantes de la ciudad de El Alto), exige la recuperación total de la propiedad, mientras que los sectores empresariales cruceños y las empresas transnacionales exigen el respeto a la inversión extranjera.

La propiedad de la tierra también enfrenta a los bolivianos, porque el movimiento indígena campesino, a la cabeza del Movimiento Sin Tierra (MST) reclama por la distribución justa de la tierra y cuestiona la forma en la que sus actuales propietarios la adquirieron, y por el otro lado los agroindustriales cruceños piden el respeto a la seguridad jurídica y protección contra los avasalladores que atentan contra sus intereses.

Las principales fuerzas del sistema de partidos de Bolivia eligieron distintos caminos para encarar la crisis política.

El Movimiento al Socialismo (MAS), liderado por el diputado Evo Morales, actúa desde el Parlamento y las calles, demandando, ahora, la nacionalización de los hidrocarburos y la Asamblea Constituyente. El MNR, del ex presidente Gonzalo Sánchez de Losada, es ambivalente, pero en el último tiempo decidió respaldar el pedido de autonomías departamentales.

El Movimiento Sin Miedo, del alcalde paceño Juan del Granado, postula la Asamblea Constituyente como el escenario para renovar el sistema político boliviano. Mientras que ADN aguarda la definición del ex presidente Jorge Quiroga, y, entretanto, pide elecciones generales.

Morales y Quispe, protagonistas principales -pero no únicos- del levantamiento popular sostienen en última instancia concepciones políticas muy diferentes. Evo Morales se considera parte del eje Castro-Chávez: es suficiente revisar lo que expresan los medios oficiales cubanos y venezolanos para apreciar que la figura del cocalero se proyecta como un nuevo foco para expandir una versión local del socialismo en conjunción con el proyecto "bolivariano" de Chávez, con lo que agrega una dimensión regional más al conflicto boliviano

Evo, a pesar de su discurso, no es un outsider de la política: fue candidato a presidente y su partido es una fuerza importante en el Congreso. Agitando la amenaza de reeditar la Revolución de Octubre y exigiendo la renuncia a Mesa primero, y la toda la línea sucesoria después, no hace más que precipitar un vacío institucional que fuerce a elecciones anticipadas, donde se siente seguro ganador. Más aún,hoy por hoy es el más poderoso actor político: fue él quien hizo caer a Mesa. A su vez, se opone al nacionalismo Aymara, y desde el MAS, intenta convertirse en el punto de conexión entre los movimientos sociales y el sistema político. Morales debe buena parte de su prestigio a Estados Unidos, a partir del llamamiento del Embajador de ese país a votar contra él en las últimas elecciones presidenciales. Pero su fuerza en algunos sectores sociales no se traduce en popularidad. Según una encuesta reciente, su apoyo es tan sólo de un 23% en el Oeste del país y de un 11% en el Este. Además, Felipe Quispe, el líde Aymara es su enemigo y la poderosa Central Obrera Boliviana lo mira con desconfianza.

Mientras tanto mantiene la estrategia de confrontación. Los cortes de ruta y los bloqueos con su secuela de desabastecimiento y escasez son empleados como arma contra la empobrecida clase media urbana. Generando un escenario con hechos consumados y pretende forzar la aceptación de cualquier solución que permita reencausar una vida medianamente normal. Sin embargo la violencia de los mineros, y de la de las protestas en general, y las amenazas sobre empresas e instalaciones militares hacen pensar que la pacificación es poco probable. Las declaraciones de odio hacia los blancos, mestizos y "cambas" permite imaginar que no sería una posibilidad descabellada que la escalada revolucionaria desemboque en violentas confrontaciones.

Felipe Quispe sueña con otro proyecto, que no precisa del Congreso, de elecciones ni de la clase media. El ya ha tenido su elección, desde que la etnia Aymará le confirió el título de Mallku (príncipe) en un proceso en que las comunidades indígenas le delegaron su representación ungiéndolo como único interlocutor. Quispe reclama el derecho a la autonomía de lo que el llama "pueblos originarios", reclamando el territorio y proclamando la supervivencia de una nación Aymará, con sus propias leyes, religión, idioma, hábitos y costumbres. Desde ésta visión niega cualquier fidelidad al estado, y alza su propia bandera, la wiphala, en reemplazo de la tricolor boliviana. Quispe no va con vueltas cuando declara,"Necesitamos un cambio radical y para ello vamos hacer una guerra civil (...) Además, llamó a sus seguidores a "nacionalizar" el gas por la "vía armada, al precio y costo que sea", insistiendo en que no quieren que la actual clase política se mantenga en el poder. "No estamos de acuerdo con ellos porque no tendrán capacidad para nacionalizar los hidrocarburos y entonces vamos a llegar a una instancia superior de lucha que es la guerra civil". De hecho, grupos de manifestantes tomaron en forma pacífica siete campos de petróleo y gas en el departamento de Santa Cruz, cuatro de los cuales son de la petrolera española Repsol-YPF, y los otros tres en el Chaco Boliviano, perteneciente a la British Petroleum (BP). La producción de estas plantas quedó interrumpida debido a la ocupación de las mismas.

El estado Aymará se ha venido organizando lentamente, mientras el estado boliviano iba entrando en un proceso de parálisis, fruto de la debilidad de la autoridad política. En este proceso la gente de Quispe ha avanzado en la redacción de una Constitución Política del Estado de Kollasuyo, y ha iniciado la preparación de códigos y legislación propia. En las áreas abandonadas por el poder central se reconstruyeron los Ayllus, comunas indígenas estructuradas según el modelo Aymará antes de haber sido conquistado por el imperio del Inca. Más aún, el modelo del Kollasuyo parece ser autoexcluyente y no considerar ni a las poblaciones urbanas, ni a quienes no comparten la etnia Aymara: al blanco se los considera sucesor de la expoliación y la conquista española, y no tiene cabida en la nueva organización. Desde éste punto de vista el planteo de autonomía indígena parece en realidad un proyecto de independencia para una sociedad utópica, pero no comprende únicamente a Bolivia, sino que pretende irradiarse a otros países para recomponer el desaparecido Tihuantinsuyo.

La tercera fuerza en danza es la que se encuentra en las provincias del Sur y Oeste (Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni) que sin líderes visibles pero con la fuerza de sus sectores productivos, comenzó con un tibio pedido de autonomía para manejar sus propios recursos en respuesta al centralismo constitucional, y la ineficiencia del gobierno de La Paz. Este reclamo fue incrementándose al crecer la presión de los grupos indigenistas y cocaleros sobre el poder central, y desembocó con el llamado unilateral al plebiscito autonómico, luego ratificado por decreto por el Presidente Mesa. A las pretensiones autonómicas de Santa Cruz, se les ha vinculado la posibilidad de asociarse a Brasil, también se insinuó que la voluntad autonomista de Tarija apunta a la afinidad histórica entre la región y la República Argentina , que integró hasta bien entrado el siglo XIX. Al que en los últimos tiempo sumo otro reclamo: constituirse en Cabildo Abierto, como la asamblea que dio lugar en el antiguo virreinato a la proclamación de la independencia.

Los cruceños recuerdan la revolución de 1952, cuando las milicias obreras y campesinas del oeste de Bolivia entraron a sangre y fuego en su ciudad para "aplastar a la oligarquía". Pero los campesinos e indígenas del oeste boliviano también se oponen a las elites de Santa Cruz, ellos ocuparon campos petroleros y ya se ha producido choques con los militantes separatistas cruceños.

Pero hay otros actores importantes en este proceso, muchos de los cuales no están encuadrados por las principales estructuras políticas del país. Bolivia, con su rica historia de confrontaciones políticas, étnicas, regionales y sociales, ha dado lugar al surgimiento de muchos actores importantes: las poblaciones de El Alto con sus pequeños comerciantes y sus mujeres organizadas y activas en la lucha callejera, los mineros (de una minería ya casi agotada), los cocaleros, los estudiantes universitarios o los sindicalistas de la poderosa Central Obrera Boliviana (COB), que también contiene a algunos de esos sectores no representados por otras organizaciones.

Y en el conflicto también pesan otros actores, externos, pero dispuestos a volcar su peso en el conflicto: como los narcotraficantes (que no son lo mismo que los cocaleros), que quieren acabar con la interferencia de la DEA Estadounidense y extender su presencia en el país; las compañías petroleras (y de los gobiernos que tienen detrás, Brasil, Inglaterra y España, especialmente), que no quieren perder el control de las riquezas gasíferas y petrolíferas; Estados Unidos, cuyo nerviosismo crece ante el riesgo de una Bolivia que extienda la fiebre revolucionaria ya presente en Colombia y Ecuador y que amenaza con extenderse, de nuevo, a Perú; Chile, con sus inquietudes ante una radicalizacion del nacionalismo boliviano en su frontera norte y del viejo enfrentamiento territorial; y Argentina con la necesidad de asegurar el suministro de gas desde una provincia fronteriza como Tarija. En este contexto, la Iglesia aspira a jugar como mediadora de los conflictos en un país católico donde aún conserva influencia.

¿Y el ejército? Su larga tradición golpista se interrumpió en 1982, cuando Estados Unidos "se dio cuenta" que los militares bolivianos en el poder (García Meza) formaban parte esencial del narcotráfico. Desde entonces, el ejército se ha mantenido en posiciones constitucionales. Y se sigue manteniendo neutral porque corre el peligro de dividirse si opta por una u otra opción. Sin embargo, puede haber intervención militar en dos situaciones. La primera es la amenaza de secesión de una parte del territorio nacional, ya sea Santa Cruz o el altiplano Aymará. La segunda, si el caos se apodera del país y se produce un vacío institucional. En ambos casos, la intervención militar no pondrá fin a la crisis. En realidad, puede radicalizarla. Por ahora, el comandante en jefe del cuerpo de seguridad, Luis Aranda advirtió que las Fuerzas Armadas se encuentran en alerta como supervisoras del proceso de normalización

Algunos analistas han condicionado la resolución de la crisis, a la actitud que tomaran las fuerzas armadas, minimizando el hecho que las mismas reflejan en sus cuadros las mismas divisiones y los mismos enfrentamientos que la sociedad boliviana, lo que lejos de colocarlas como árbitro de la disputa puede por el contrario potenciar el conflicto, hacerlo subir un escalón y convertirlas en protagonistas principales de un desenlace violento.

El defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, dijo que el tema que mayor enfrentamiento genera en el país es el pedido occidental (Tarija) de Asamblea Constituyente, contra la exigencia oriental (Santa Cruz) de referéndum, que conducirá hacia las autonomías departamentales. Y ello, en medio de un plazo fijo para llamar a elecciones presidenciales en octubre, que algunos grupos políticos -comenzando por el MAS de Evo Morales- quieren extender al Poder Legislativo previa renuncia de los actuales legisladores.

El resultado inmediato que resulte de la voluntad autonomista, las presiones de una revolución socialista y la utopía indigenista, es imprevisible, aunque sin duda el desarrollo de los acontecimientos va a afectar profundamente la región, que va a sentir la influencia Boliviana de manera mas intensa que en sus 180 años de existencia independiente.


Rubén Weinsteiner