En su último día de sesiones hasta marzo próximo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reprendió ayer al Gobierno por la falta de avances que demostró en los últimos siete meses ante los familiares de las víctimas del atentado contra la AMIA.
La reprimenda quedó en manos del presidente de la Comisión y relator para la Argentina, Florentín Meléndez, que lamentó el "estancamiento" del proceso de solución amistosa, en el que observó que el Gobierno no exhibió "medidas concretas", ni se registraron "avances" en la investigación judicial del ataque perpetrado en 1994.
"En vista de que el Estado no pudo informar sobre medidas concretas adoptadas en los últimos meses o sobre avances en el proceso de investigación, el presidente de la CIDH lamentó el estancamiento en que se encuentra el proceso de solución amistosa en este caso", informó la Comisión mediante un comunicado difundido ayer.
Meléndez "instó al Estado a redoblar sus esfuerzos, en especial en cuanto a la investigación y esclarecimiento del atentado", causa que se encuentra en manos del juez federal Rodolfo Canicoba Corral.
Los familiares agrupados en Memoria Activa ambicionan ir más allá. Quieren que Meléndez "audite" el proceso de solución amistosa que lleva ya 31 meses, desde que el Estado reconoció su responsabilidad por la impunidad y el encubrimiento del atentado.
Este rol más activo de Meléndez podría comenzar con un par de encuentros con Canicoba Corral y el juez federal que investiga el presunto encubrimiento del ataque, Ariel Lijo, cuando el relator viaje en noviembre a Buenos Aires a una reunión sobre prácticas carcelarias.
"Las autoridades argentinas tienen que estar un poco más activos en el proceso de solución amistosa", explicó una fuente que participó en las audiencias y reuniones de trabajo que la CIDH celebró en los últimos dos años y medio por la AMIA. "La última vez no trajeron nada nuevo", alertó.
Memoria Activa mantiene en carpeta, sin embargo, la opción de pedir el envío del caso a la Corte Interamericana si el próximo gobierno, sea presidido por Cristina Fernández de Kirchner o por cualquier otro candidato, no muestra una clara voluntad de concretar los compromisos adoptados, dijeron desde la entidad a LA NACION.
"Es vergonzoso que ni siquiera hayan demostrado avances en el Plan Nacional de Contingencias para Catástrofes", planteó la semana pasada Diana Malamud, de Memoria Activa, durante su reunión con Meléndez y funcionarios argentinos.
En las últimas audiencias públicas, por el Gobierno participaron el responsable de Derechos Humanos de la Cancillería, Horacio Méndez Carrera, el secretario de Política Criminal y titular de la Unidad de Investigación AMIA, Alejandro Slokar; y la directora del Ministerio de Justicia, Andrea Gualde.
Esta vez, no obstante, Slokar y Méndez Carrera se quedaron en Buenos Aires -en el caso del diplomático en una decisión de último momento-, mientras que sí viajaron Gualde y, por la Cancillería, Jorge Cardozo.
El documento oficial que preparó el Gobierno para este encuentro fue de apenas dos carillas, según la copia que obtuvo LA NACION. Allí sólo se explicitan las últimas novedades de los expedientes judiciales. Pero nada dice sobre otros compromisos pendientes en los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Por Hugo Alconada Mon
Archivos de la CIA
Memoria Activa trabaja desde agosto de 2006 con un estudio jurídico norteamericano para desclasificar documentos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), entre otras reparticiones norteamericanas que investigaron o pudieron acceder a informaciones sobre el atentado de 1994 contra la AMIA.
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