Las prioridades del gobierno de CFK siguen siendo controlar la inflación, lograr un shock de
inversión y consolidar los pilares del modelo. Pero en la transición hacia el cambio de
gobierno el Ejecutivo introdujo varias medidas tendientes a despejar el camino a la presidenta
electa. El avance se focalizó en reforzar la caja fiscal vía aumento de las retenciones.
La estrategia para apuntalar el superávit se basa fundamentalmente en aumentar la presión
impositiva y moderar –levemente- el ritmo de expansión del gasto.
La suba de retenciones al agro, la minería y a los hidrocarburos permite consolidar el
superávit primario del año próximo. En conjunto, estas medidas aportarán –si los precios se
mantienen y la cosecha es buena- al menos $ 10.000 millones adicionales anuales a las nuevas
autoridades.
También se anunciaron ajustes en las tarifas de transporte público desde enero (subte,
colectivos, trenes, premetro) que por sí solas implican una suba de 0,9% en el IPC. Esta suba
es la primera tras 7 años de fuertes alzas de costos y tarifas congeladas, compensadas por
subsidios estatales.
Asimismo, el gobierno intensificó la política de control de precios: se volvieron a cerrar las
exportaciones de granos, aumentaron los controles sobre las ventas del gas al exterior y se
fijaron precios de “referencia” para los productores de leche.
El timing de la medida no es el más propicio; si bien los precios internacionales se ubican en
niveles récord, la producción de leche acumula una caída del 12% en lo que va del año (por
sequías, inundaciones y aumentos de costos).
El problema de estas medidas es que si bien puede reducir los precios en el corto plazo, afecta
a la oferta en el mediano. Si cae la rentabilidad por debajo de la de otros sectores y afecta
especialmente a los pequeños productores, el remedio es peor que la enfermedad pues a futuro
caerá la producción y aumentará la concentración.
El desafío de la administración de CFK es contener la inflación y lograr un shock de
inversiones (la doble I). Para ello, deberá operar rápidamente sobre las principales variables
de control pero también generar señales y estímulos al sector privado, pues la solución de
estos problemas depende de las decisiones de distintos agentes económicos (empresarios,
trabajadores y sindicatos).
El nuevo gobierno tendrá que ejecutar una política anti-inflacionaria integral y consistente (sin
descuidar ninguna pata -fiscal, monetaria, cambiaria, ni de ingresos-). que sea percibida como
tal por el sector privado. Más aún, en un contexto en que la inflación supera el 20% anual, las
expectativas juegan un rol crucial.
En cuanto a las señales para la inversión, por un lado hay buenas noticias en el frente fiscal
(aunque a costa del sector privado) y el mundo sigue favorable, pero también se observa una
mayor injerencia del gobierno en áreas sensibles y mayor discrecionalidad, opuesta a las
políticas de estado o instituciones estables y previsible
inversión y consolidar los pilares del modelo. Pero en la transición hacia el cambio de
gobierno el Ejecutivo introdujo varias medidas tendientes a despejar el camino a la presidenta
electa. El avance se focalizó en reforzar la caja fiscal vía aumento de las retenciones.
La estrategia para apuntalar el superávit se basa fundamentalmente en aumentar la presión
impositiva y moderar –levemente- el ritmo de expansión del gasto.
La suba de retenciones al agro, la minería y a los hidrocarburos permite consolidar el
superávit primario del año próximo. En conjunto, estas medidas aportarán –si los precios se
mantienen y la cosecha es buena- al menos $ 10.000 millones adicionales anuales a las nuevas
autoridades.
También se anunciaron ajustes en las tarifas de transporte público desde enero (subte,
colectivos, trenes, premetro) que por sí solas implican una suba de 0,9% en el IPC. Esta suba
es la primera tras 7 años de fuertes alzas de costos y tarifas congeladas, compensadas por
subsidios estatales.
Asimismo, el gobierno intensificó la política de control de precios: se volvieron a cerrar las
exportaciones de granos, aumentaron los controles sobre las ventas del gas al exterior y se
fijaron precios de “referencia” para los productores de leche.
El timing de la medida no es el más propicio; si bien los precios internacionales se ubican en
niveles récord, la producción de leche acumula una caída del 12% en lo que va del año (por
sequías, inundaciones y aumentos de costos).
El problema de estas medidas es que si bien puede reducir los precios en el corto plazo, afecta
a la oferta en el mediano. Si cae la rentabilidad por debajo de la de otros sectores y afecta
especialmente a los pequeños productores, el remedio es peor que la enfermedad pues a futuro
caerá la producción y aumentará la concentración.
El desafío de la administración de CFK es contener la inflación y lograr un shock de
inversiones (la doble I). Para ello, deberá operar rápidamente sobre las principales variables
de control pero también generar señales y estímulos al sector privado, pues la solución de
estos problemas depende de las decisiones de distintos agentes económicos (empresarios,
trabajadores y sindicatos).
El nuevo gobierno tendrá que ejecutar una política anti-inflacionaria integral y consistente (sin
descuidar ninguna pata -fiscal, monetaria, cambiaria, ni de ingresos-). que sea percibida como
tal por el sector privado. Más aún, en un contexto en que la inflación supera el 20% anual, las
expectativas juegan un rol crucial.
En cuanto a las señales para la inversión, por un lado hay buenas noticias en el frente fiscal
(aunque a costa del sector privado) y el mundo sigue favorable, pero también se observa una
mayor injerencia del gobierno en áreas sensibles y mayor discrecionalidad, opuesta a las
políticas de estado o instituciones estables y previsible
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