La cumbre del G8 se celebró este año en Japón entre el 7 y el 9 del julio pasado. Los Jefes de Estado de las principales potencias mundiales se reunieron para discutir los temas de mayor importancia en la coyuntura mundial: crisis alimentaria, ayudas al desarrollo y cambio climático. Este último punto se cerró con un importante acuerdo, que compromete a las naciones responsables de más del 60% de las emisiones de carbono a la atmósfera a una progresiva reducción de las mismas. La ambigüedad de dicho acuerdo ha suscitado protestas por parte del grupo de las naciones que se consideran “emergentes”, sobre todo de China e India, lo que ha puesto en evidencia que las decisiones sobre éste y otros temas no son más que una prerrogativa única de las grandes potencias tradicionales.
La resolución más importante de la cumbre anual de las 8 naciones más industrializadas del planeta probablemente ha sido el acuerdo sobre la reducción del 50% de las emisiones de CO2 antes de 2050. A este pacto no se le ha asignado un carácter vinculante, por lo que la importancia de las declaraciones residen en el hecho de que, por primera vez, Estados Unidos ha aceptado firmar un pacto de tal envergadura.
Estados Unidos todavía ocupa el primer puesto (con China, que le pisa los talones) en la lista de las naciones más contaminantes. Por ello siempre ha evitado unirse a acuerdos ambientales internacionales que pudiesen limitar su economía y perjudicar a sus empresas nacionales. Es bien conocido el rechazo de la actual Administración Republicana a firmar el Protocolo de Kyoto (que prevé la reducción del 5,2% de las emisiones para 2012 respecto a 1990) a pesar de que en el momento de la firma de este tratado, en 1997, Washington se había comprometido a reducir sus emisiones en un 6%. Hoy en día, sus emisiones de dióxido de carbono han aumentado en un 15% respecto a 1990.
Los objetivos de Estados Unidos y el rol de los “países emergentes”
El giro de 180 grados que ha dado Estados Unidos ante este tema -y, en menor medida, el resto de los miembros del G8– tras la reunión de Hokkaido, debe atribuirse a la importancia que ha alcanzado el problema del cambio climático, al que se une el impacto que está alcanzando la crisis energética actual en las principales economías mundiales. Washington y el resto de los Siete Grandes están tomando conciencia de la gravedad de la situación, en la que el aumento exponencial del coste del petróleo y la penuria alimentaria mundial son los primeros indicios.
La Administración Bush también debería tener en cuenta un factor importante en la política interna, las próximas elecciones presidenciales americanas. Como reflejaban los acuerdos sobre Oriente Medio propuestos por Bush a finales del 2007 en la Conferencia de Annapolis con el Gobierno de Israel, la Autoridad Palestina y los otros representantes principales de la región la Casa Blanca estaría intentado incluir el tema ambiental entre los resultados exitosos de la actual Administración. De hecho, así como el conflicto entre Israel y Palestina habría ocupado una importancia irrelevante en la gestión de George Bush en Oriente Medio, con la atención centrada en Irak, la llegada del nuevo inquilino a Washington no se ha correspondido con progresos en acuerdos climáticos. En 2002, cuando Bush se instaló en la Casa Blanca, la problemática desapareció de la agenda del G8 –que fue reemplazada por el terrorismo– para volver a incluirse tímidamente en 2005, en Gleaneagles (Escocia), mientras que en 2007, en Alemania, surgió la idea de un acuerdo sobre el clima, donde el tema se perfiló nuevamente.
El impulso de la UE, entre los partidarios más concienciados de la urgencia climática, ha sido fundamental para determinar el cambio estadounidense, ya que permitió dar un paso adelante durante la última Cumbre alemana en 2007 con la propuesta de reducción del 30% las emisiones para 2020. Bruselas también es responsable de la evolución del proyecto, ya que en la última reunión, en Heiligendamm, pasó de la consideración de “aconsejable” al de “necesario”, según establece el documento final de Hokkaido.
Además de la intervención europea, en del cambio estadounidense hay que tener en cuenta el sustancial aumento de las tasas de contaminación ambiental que han registrado los países en crecimiento en los últimos años, en concreto China e India. Una aportación que, aunque ambos se hayan unido al Protocolo de Kyoto, difícilmente pueden pasar desapercibidos. A pesar de que la India no haya publicado estadísticas oficiales hasta 2004, se estima que sólo en los años 90 sus emisiones de gas de efecto invernadero se duplicaron, situándose hoy día en el quinto puesto de los países con la tasa de contaminación más alta.
En esta clasificación, con más de 5 millones de toneladas de emisiones de CO2 y el 18,4% del total en el mundo (datos de la ONU en 2004), hoy China ocupa el segundo puesto, detrás de Estados Unidos. Considerando que este país reúne una quinta parte de la población mundial y que un chino registra un consumo energético de entre el 10 y el 15% más que un americano, con el crecimiento actual, los temores de que China se convierta en el principal responsable mundial de la emisión de gas contaminante parecen cada vez más probables.
Declarado internacionalmente, para Bush se trata de mostrar una actitud preocupada para evitar las críticas hacia una Administración que ha mostrado poco interés en este tema. Todavía más importante es la necesidad del G8 de ofrecer una imagen de consenso. Los países emergentes, cuyos impactos ambientales se derivan de su rápido desarrollo, preocupan todavía más que la efectiva adopción de restricciones por parte de países ya industrializados como Estados Unidos.
La respuesta de los “países emergentes”
Esta preocupación se deduce de la invitación a “considerar seriamente estas reducciones” incluido en el comunicado final del G8 a los principales países emergentes reunidos paralelamente en Japón en el G5, un grupo interregional que, además de los dos “grandes asiáticos”, reúne a Sudáfrica, Brasil y México.
Esta posibilidad ha sido firmemente rechazada por estos países, que desde hace tiempo reivindican el derecho al desarrollo, que hasta ahora se les ha impedido limitando su crecimiento, una responsabilidad que declaran que recae esencialmente en países ya desarrollados. Los participantes en el G5 acordaron que los países industrializados son los principales culpables del estado actual del planeta y que esta responsabilidad debe traducirse en compromisos. Además, critican la insuficiencia de los acuerdos realizados por los “8 grandes” en Hokkaido. En este sentido, su propuesta establece que los G8 deben abrir camino, reduciendo antes de 2020 de entre el 25 y el 40% del total de las emisiones de gas de efecto invernadero, aludiendo a que esta cifra debería aumentar entre un 80 y un 95% para 2020.
Esta respuesta negativa a las declaraciones de Hokkaido era previsible. El horizonte de 2050 representa una meta lo bastante vaga y lejana como para ser modificada ahora. Sobre todo, como han hecho saber las numerosas ONG presentes en Japón, el texto no fija una fecha de referencia para el cálculo de la reducción. Sobre este aspecto persiste la discrepancia entre la Unión Europea, que insiste en considerar que el punto de partida debería ser 1990, año reconocido como la formación de la ONU, y Canadá y Japón, que proponen como punto de partida el 2005, mientras Washington prefiere mantenerse al margen. La cuestión es crucial, ya que el año de referencia permite cuantificar el total de la reducción. Su indefinición deja invariable el escenario, según el cual cada reducción en las emisiones pertenece a cada sujeto, quien decidirá dar el primer paso, entre el G8 y los países emergentes.
Otros términos de la Cumbre
Además de las declaraciones sobre el cambio climático, la Cumbre ha ofrecido pocos avances en otros temas de la agenda: la crisis energética y alimentaria, y las promesas de ayudas al desarrollo de África. En 2005, el G8 había prometido duplicar estas ayudas para el 2010. Sin embargo, muchas ONG han denunciado que sólo un tercio de la cifra acordada (25.000 millones de dólares) habría estado destinada a este fin y que algunos países habrían reducido su contribución en los últimos tres años. La reacción de los Jefes de Estado en Hokkaido ha sido la firma de un nuevo acuerdo que llevaría a una cantidad total de 50.000 millones de dólares, para financiarla en 2010.
Respecto a la crisis energética, no hay duda de que este año las principales economías del mundo se han tenido que enfrentar a un contexto muy diferente del que existía hace 3 años (con un precio del petróleo tres veces inferior y una crisis alimentaria inimaginables en la época). La solución ofrecida por el G8 se ha evidenciado ambigua Han ofrecido una salida de la crisis aumentando las inversiones para la exploración y refinación del petróleo crudo. Una elección, discutible, ya que, además de que necesita de mucho tiempo para que surja efecto, se contradice con los propósitos sobre la reducción de las emisiones. Paralelamente, el gobierno estadounidense, asegurando la voluntad compartida por los otros Jefes de Estado, ha invitado a los países en vías de desarrollo a poner fin a las ayudas a la producción del crudo, responsable, según aquéllos, de que se haya triplicado el coste registrado en el último año.
Conclusiones
Las declaraciones de la Cumbre del G8 dejan entender que la contaminación ambiental y la reducción de las emisiones de gas que causan el efecto invernadero se están configurando en la agenda internacional y están destinados a llamar, cada vez más, la atención del gobierno. El desarrollo de los encuentros, no sólo en el seno de la G8 sino también en la cumbre alternativa de las economías denominadas “emergentes”, podrá tener un impacto devastador sobre el clima (si se confirmasen los actuales niveles de crecimiento) revelando que la solución a estos temas no sólo deberá ser global, sino que las decisiones que se tomen al respecto ya no serán una prerrogativa de las principales potencias mundiales.
Los países emergentes, como los reunidos en la G5, han desarrollado economías que hoy son más sólidas frente a las crisis internacionales y que, gracias a la producción de materias primas altamente cotizadas en el mercado internacional, dependen menos del crédito de las principales instituciones financieras mundiales. Por esta razón, reclaman un espacio en el núcleo de las decisiones, en un posible G13 o G16, como sugiere el encuentro de las Grandes Economías (Major Economies Meeting -MEM, por sus siglas en inglés) que se celebró el último día de la cumbre japonesa y que, además del G8 y el G5, comprende inclusoa Australia, Indonesia, Corea del Sur y Sudáfrica. En esta sede, todos los países emergentes han declarado su compromiso en la causa ambiental, haciendo hincapié en que los primeros de la fila deberían ser las naciones industrializadas, con objetivos y términos intermedios claramente definidos. Se trata de un compromiso que el G8 no ha podido asegurar. En lo que respecta a la ayuda destinada a los países en vías de desarrollo, el presidente chino, Hu Jintao, ha confirmado la necesidad de transferir tecnología a los países avanzados, con el objetivo de instaurar procesos productivos compatibles con el ecosistema.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario