El procurador del Superior Tribunal de Justicia entrerriano, Jorge García, dijo que el acuerdo salarial fue forzado por una extorsión ante el alzamiento policial. Algo similar se había decidido en el Chaco y también podría replicarse en otros distritos.
El acuerdo firmado entre el gobierno de Entre Ríos y la policía de esa provincia para poner fin al amotinamiento de los agentes de seguridad que tuvo lugar el mes pasado es nulo, según la consideración del procurador general del Superior Tribunal de Justicia entrerriano, Jorge García, quien adelantó además que el acta será presentada como prueba en una denuncia contra unos setenta uniformados por la medida de fuerza ilegal y la eventual complicidad con quienes cometieron saqueos durante la huelga. “El acuerdo es prueba del delito, del chantaje a punta de pistola en el sentido de que se extorsionó, se forzó un arreglo a partir de la situación que reinaba en las calles. Así las cosas, el acta no tiene ninguna consecuencia jurídica”, señaló el procurador. La decisión, similar a una adoptada en el Chaco la semana pasada, podría verse replicada pronto en otros distritos que sufrieron reclamos salariales combinados con alzamientos de las fuerzas de seguridad.
“Devenida la calma, queda claro que la foto que circuló una vez que se cerró el acuerdo y el propio texto son la prueba patética y patente de la extorsión, a tal punto que el acta aquélla va a encabezar la denuncia penal que vamos a realizar”, afirmó García en una entrevista con un medio local. Para el funcionario, en el registro visual del momento en que se firma el acta puede verse que “nadie hace ostentación pero el arma reglamentaria” de los efectivos presentes “está en la cintura” y “en ese sentido el testimonio gráfico es de una contundencia real y simbólica que exime de mayores consideraciones”.
Esos elementos dejan constancia de que “se trató de un acuerdo arrancado a la fuerza, extorsivo, producto de la sedición” y el mismo documento firmado “es prueba del delito, del chantaje a punta de pistola en el sentido de que se extorsionó, se forzó un arreglo a partir de la situación que reinaba en las calles”, por lo que “el acta no tiene ninguna consecuencia jurídica, independientemente de lo que administrativamente se resuelva en relación con los aumentos allí contemplados”.
García anticipó que en cuanto termine la feria judicial, el Estado de Entre Ríos radicará una denuncia penal “contra los cabecillas y los responsables de los actos de violencia en sede policial, y paralelamente, contra los ciudadanos que participaron de los saqueos, tal como ha quedado determinado en las filmaciones”. Habrá una tercera línea de investigación, respecto de los policías “que crearon abiertamente las condiciones propicias para los robos”, por ejemplo “efectivos sorprendidos por las cámaras mientras hacían mover a punta de pistola patrulleros apostados ante comercios que inmediatamente después fueron atacados”.
Los agentes de seguridad que participaron de una forma u otra de las protestas y serán denunciados por ello son unos setenta, advirtió el jefe de los fiscales entrerrianos. De esos policías, alrededor de una docena están identificados como responsables o cabecillas del levantamiento. “Se llevaron puesto medio Código” Penal, ironizó García. Entre los cargos que podrían caberles a los amotinados están los delitos de sedición, con privación ilegítima de la libertad calificada, lesiones graves calificadas, daños calificados, sustracción de bienes de uso público para fines privados e instigación a robos calificados. A los autores de los saqueos les cabría el delito de robo calificado de manera reiterada en aprovechamiento de la calamidad.
Aunque el gobernador Sergio Urribarri no ha hecho declaraciones públicas sobre el tema, los actos del procurador general tendrían su visto bueno. La noticia llega días después de que el gobernador chaqueño, Juan Carlos Bacileff Ivanoff, ratificara también que los acuerdos salariales que firmó el mes pasado para acabar con el conflicto en su provincia son “nulos” por los mismos motivos que ahora esgrime García. “No puedo entrar en paritarias con un señor que tiene una 45 en el bolsillo y se le van los ánimos arriba en momentos de negociar salarios”, había declarado el mandatario la semana pasada, al anunciar que denunció a “más de trescientas personas” que participaron de una u otra forma de los saqueos. Se espera que en los próximos días otras provincias avancen en sus respectivos tribunales para evitar tener que afrontar los costosos incrementos salariales que se habían firmado en un primer momento para contener las protestas policiales y los incidentes relacionados, como los saqueos.
Esos elementos dejan constancia de que “se trató de un acuerdo arrancado a la fuerza, extorsivo, producto de la sedición” y el mismo documento firmado “es prueba del delito, del chantaje a punta de pistola en el sentido de que se extorsionó, se forzó un arreglo a partir de la situación que reinaba en las calles”, por lo que “el acta no tiene ninguna consecuencia jurídica, independientemente de lo que administrativamente se resuelva en relación con los aumentos allí contemplados”.
García anticipó que en cuanto termine la feria judicial, el Estado de Entre Ríos radicará una denuncia penal “contra los cabecillas y los responsables de los actos de violencia en sede policial, y paralelamente, contra los ciudadanos que participaron de los saqueos, tal como ha quedado determinado en las filmaciones”. Habrá una tercera línea de investigación, respecto de los policías “que crearon abiertamente las condiciones propicias para los robos”, por ejemplo “efectivos sorprendidos por las cámaras mientras hacían mover a punta de pistola patrulleros apostados ante comercios que inmediatamente después fueron atacados”.
Los agentes de seguridad que participaron de una forma u otra de las protestas y serán denunciados por ello son unos setenta, advirtió el jefe de los fiscales entrerrianos. De esos policías, alrededor de una docena están identificados como responsables o cabecillas del levantamiento. “Se llevaron puesto medio Código” Penal, ironizó García. Entre los cargos que podrían caberles a los amotinados están los delitos de sedición, con privación ilegítima de la libertad calificada, lesiones graves calificadas, daños calificados, sustracción de bienes de uso público para fines privados e instigación a robos calificados. A los autores de los saqueos les cabría el delito de robo calificado de manera reiterada en aprovechamiento de la calamidad.
Aunque el gobernador Sergio Urribarri no ha hecho declaraciones públicas sobre el tema, los actos del procurador general tendrían su visto bueno. La noticia llega días después de que el gobernador chaqueño, Juan Carlos Bacileff Ivanoff, ratificara también que los acuerdos salariales que firmó el mes pasado para acabar con el conflicto en su provincia son “nulos” por los mismos motivos que ahora esgrime García. “No puedo entrar en paritarias con un señor que tiene una 45 en el bolsillo y se le van los ánimos arriba en momentos de negociar salarios”, había declarado el mandatario la semana pasada, al anunciar que denunció a “más de trescientas personas” que participaron de una u otra forma de los saqueos. Se espera que en los próximos días otras provincias avancen en sus respectivos tribunales para evitar tener que afrontar los costosos incrementos salariales que se habían firmado en un primer momento para contener las protestas policiales y los incidentes relacionados, como los saqueos.
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