En 1979, en vísperas de la visita al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, el ministro del Interior, general Albano Harguindeguy, ordenó comprar 250.000 calcomanías autoadhesivas, en dos tamaños, con el lema "Los argentinos somos derechos y humanos". El slogan había sido ideado a pedido de la dictadura por la empresa Burson Marsteller, ya contratada en 1978 para mejorar la imagen de Videla. El objetivo era neutralizar o revertir las denuncias realizadas por sobrevivientes de los centros clandestinos de concentración, los exiliados y familiares de las víctimas en el exterior, que la dictadura llamó "campaña antiargentina". También para ocultar los delitos cometidos por el terrorismo de Estado e intentar perpetuar y profundizar la ilusoria sensación de legalidad y normalidad. Además de condicionar las denuncias que las Madres de Plaza de Mayo y los organismos de derechos humanos planeaban realizar ante la CIDH. Los gobiernos de los EE.UU., bajo la administración de James Carter, y europeos presionaban a la dictadura para que pusiera fin a la violación a los derechos humanos.En las décadas de 1970 y 1980, Burson-Marsteller organizó la campaña de la dictadura militar argentina(1976-1983) destinada a impedir las denuncias internacionales por violaciones a los derechos humanos, siendo la autora del conocido eslógan pro-dictatorial «los argentinos somos derechos y humanos».Burson-Marsteller ha sido criticada por organizar a favor de la última dictadura militar de Argentina(1976-1983), durante la década de 1970, la campaña contra las organizaciones de derechos humanos que denunciaban los crímenes de lesa humanidad que se estaban cometiendo en el Terrorismo de Estado en Argentina en las décadas de 1970 y 1980.
Burson-Marsteller ha declarado que la dictadura nunca le pidió defenderla de las acusaciones por violaciones de derechos humanos, sin embargo, el investigador Rubén Morales ha señalado que la compañía creó un conocido y cuestionado eslógan de 1979, que decía «los argentinos somos derechos y humanos».
Es curioso analizar el expediente secreto 330/79 del Ministerio del Interior. Porque se prueba irrefutablemente que esta campaña fue digitada y planificada por el gobierno militar, y que no surgió espontáneamente de la clase media a la que se culpabilizó de la movida. Y que fue pagada con fondos públicos. El decreto secreto 1695/79 firmado por Harguindeguy aprueba la campaña y autoriza el uso de los fondos del Estado.
La campaña se basó en la impresión de calcomanías de diferentes tamaños (las cuales se encuentran en el expediente) con el famoso lema "Los argentinos somos derechos y humanos" escrito sobre un fondo con la Bandera argentina. Las calcomanías estaban destinadas a ser pegadas en los autos para ser "paseadas" por la ciudad por la gente. Ya funcionaban por entonces las campañas radiales con el mismo objetivo.
A diferencia de la compra de los Falcon, esta operación fue realizada por licitación. Les costó a los argentinos 23.000.000 de pesos (unos 16.117 dólares de la época). La empresa Libson S.A. obtuvo la licitación para la producción de las 250.000 calcomanías. Debían realizarlas en dos medidas de 15x9 cm y 20x20 cm. En la licitación, Libson presentó un presupuesto de 65 pesos y de 200 pesos para cada una de las medidas respectivamente, incluyendo el IVA. Esto represantaba la mitad de la oferta más baja presentada por las demás empresas, las cuales presupuestaron: Bicolor SRL, 129 y 399 pesos c/IVA; Argencalco SRL, 260 y 670 pesos s/IVA; Cal-Pla, 150 y 390 pesos c/IVA, Continental 350 y 980 pesos c/IVA; Impresos Rotativos, 131 y 399 pesos s/IVA. Libson además fue la única que presentó otra oferta alternativa, que era similar a los precios de sus competidoras (145 y 450 pesos). La licitación se llevó a cabo el 28 de agosto de 1979 y la adjudicación estuvo a cargo del subsecretario general, el capitán de navío (re) Ernesto Orbea, el mismo oficial que había comprado los Falcon. La adjudicación de la obra fue casi inmediata: al día siguiente. Nunca se sabrá si había habido filtraciones, producto del juego comercial, de las ofertas de los licitantes.
Libson S.A. fue creada en 1971 con el objetivo de comercializar y fabricar calcomanías y publicidad, y actualmente se decica a la comercialización y producción de merchandising y publicidad de importantes marcas. En 1978 ganó la licitación para producir y comercializar el merchandising del Mundial de Futbol. En esa fecha, según el expediente Nø A 41267 de la Inspección General de Justicia (IGJ), pasa de ser una pequeña empresa a incrementar de forma considerable su capital social, pasando de 4.000 a 30.000.000 de pesos en junio de 1978, como consecuencia lógica de haber ganado comercializar el merchandising del Mundial. A partir de ese momento, no aparecen más registros de la empresa en la IGJ hasta 1983. Sin embargo, el pago por la campaña publicitaria se liquidó en setiembre de 1979, mientras se encontraban en el país los miembros de la CIDH.
Más allá de los aspectos comerciales, el expediente 330/79 secreto prueba la utilización de fondos públicos para ocultar lo que ya era inocultable: los delitos de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado. Sin embargo, el lema "los argentinos somos derechos y humanos" quedó como una marca indeleble en la cabeza de los argentinos. Un lema que muchos años después comenzó a avergonzarlos.
En el libro The Shock Doctrine, Naomi Klein dice que:
Victor Emmanuel, el ejecutivo de Burson-Marsteller que estaba a cargo de vender al mundo el nuevo régimen favorable a las empresas de la junta de Argentina, le contó a un investigador que la violencia era necesaria para abrir la economía “proteccionista, estatista” de Argentina.“Nadie, pero nadie, invierte en un país envuelto en una guerra civil”, dijo, admitiendo también que no fueron solo guerrilleros quienes murieron.“Mucha personas inocentes probablemente fueron asesinados,” le contó a la autora Marguerite Feitlowitz, pero, “dada la situación, se requería una inmensa fuerza”.
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