Los manteros, como cualquier situación social de marginalidad y exclusión, son consecuencia de situaciones de inequidad y nunca su causa.
Tratarlos como un problema policial, relacionado con la limpieza del ámbito público o de una competencia desleal con honestos y sufridos comerciantes, es maniqueo o en todo caso, es totalmente coherente con una mirada que busca promover y/o proteger a quien más tiene.
Veámoslo con algún detalle. La mercadería que se intenta vender en veredas de una ciudad, tiene tres orígenes:
El trabajo de artesanos, a los que nunca se ha contenido social o económicamente y que por lo tanto, no tienen recursos para vender en comercios tradicionales, sea individual o colectivamente. En realidad, tienen un modo: venderle a los comerciantes, que luego se encargan de remarcar 200 o 300% o más su mercadería, consiguiendo un paradojal efecto perverso, ya que no garantizan un sustento al artesano y desalientan a los eventuales compradores.
La producción nacional de indumentaria, calzado o juguetes -básicamente – que busca instalarse en el mercado a la sombra de los descomunales márgenes que las marcas y los comerciantes aplican a esos productos, por encima de sus reales y efectivos costos de producción. Esa producción suele ser domiciliaria o de pequeños talleres, la venden quienes la producen y no cuentan con recursos para instalarse en comercios formales.
El contrabando, sobre todo de juguetes, equipos electrónicos, anteojos o similares. Esto llega a las veredas después de transitar por un largo sistema mafioso de ilegalidad que comienza en la Aduana y pasa por diversas complicidades. Es en la Aduana donde debe eliminarse.
Los dos primeros universos tienen todo el derecho del mundo a producir los bienes que crean que a los consumidores puedan interesar y un derecho de la democracia económica totalmente ignorado debería garantizarles la posibilidad de tomar contacto con su posible demanda. Un gobierno que crea en la democracia económica y la producción popular inevitablemente asociada a ella tiene la obligación de reemplazar la mirada policial por una organización del espacio público, que disponga de ferias de artesanos – que pueden ser restringidas a productores no revendedores – y de ferias de productores nacionales, que en condiciones de acceso, higiene y calidad de exhibición adecuadas puedan ofrecer su producto.
No estamos hablando de otra cosa que de establecer una garantía de competencia para la oferta, que no quede entrampada en las crecientes necesidades de capital que se requieren para participar de paseos de compra, shoppings o similares.
La clave conceptual es muy simple: Quien agrega valor a una materia prima o a una organización social debe ser respetado y cuidado. Quien intermedia y bloquea el vínculo entre productores y consumidores es un obstáculo para la calidad de vida general.
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