Tras los recientes y dramáticos acontecimientos quehan vuelto a protagonizar un gran número de inmigrantes en su intento de llegar a Europa a través de la frontera entre Grecia y Turquía, parece evidente que este fenómeno está alcanzando unas proporciones alarmantes, hasta el punto que el Gobierno griego ha decidido solicitar ayuda a la Unión Europea. El debate sobre el papel que podría jugar Turquía, una vez dentro de la Unión, en la reducción de las corrientes de inmigración ilegal que se dirigen hacia Europa, se encuentra aún abierto.
Valeria Galletti
UE-Turquía: armonización de la legislación interna con el acervo comunitario
Desde el 2005 Turquía se encuentra entre los países candidatos a convertirse en miembros de la Unión Europea. En el 2001 se introdujo además el Programa Nacional para la Adhesión a la UE, un documento en el que se explicitan las medidas necesarias para aproximarse a los llamados criterios de Copenhague. El objetivo último de dicho documento es el de favorecer la incorporación de la experiencia comunitaria a la legislación turca. En materia de inmigración, los criterios de adhesión son múltiples y hacen referencia al control de las fronteras, a las políticas para la concesión de visados, el derecho de asilo, el tráfico de seres humanos, la cooperación de la policía y los instrumentos internacionales del derecho humanitario. En este sentido, la posición geográfica de Turquía, unido ello a la debilidad de las políticas para la obtención de visados, son dos factores que, en los últimos años, han convertido a Turquía en uno de los principales países de tránsito de los flujos de inmigrantes clandestinos que se dirigen a Europa. La Unión Europea, por su parte, ha desarrollado una estrategia de presión basada fundamentalmente en dos ejes:
·El desarrollo de una adecuada legislación en materia de derecho de asilo.· El establecimiento de una serie de políticas de control de las fronteras (mediante acuerdos de readmisión con terceros países, estrategias de gestión de las fronteras, políticas más restrictivas de obtención de visados, etc.).
En lo que se refiere a las políticas de asilo, se ha registrado un importante aumento del número de peticiones de asilo, que ha pasado de las 2.909 peticiones registradas en 2005, a las 3.520 de 2006, hasta llegar a las 3.210 peticiones realizadas en tan sólo los ocho primeros meses de 2007. Por ello, la Comisión Europea ha expresado su preocupación acerca de la ineficacia de los mecanismos internos para la distinción entre los inmigrantes clandestinos y aquellos verdaderamente necesitados del derecho de asilo.
A pesar de la adopción en 2005 de un Plan Nacional para la convergencia con los conocimientos comunitarios en materia de inmigración y asilo, el principal temor de Europa, tal y como aparece en el Informe de la Comisión para el 2007, se refiere a las fronteras, especialmente a las dificultades para poner en práctica el Plan de Acción para la Gestión Integral de la Fronteras Exteriores de la UE, a la ausencia de autoridades competentes para aplicar la legislación en materia fronteriza y a la escasa formación profesional de los vigilantes fronterizos. Tal y como se le exigió, en el año 2002 Turquíaestableció una serie de visados específicos para los inmigrantes procedentes de Bahrain, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Arabia Saudí y Omán. En el 2003 impuso también la necesidad de visado a otros 13 países. De esta forma, Turquía está emprendiendo un proceso por el cual se aleja progresivamente de su tradicional política liberal de cara a la concesión de visados a los países de Oriente Medio y de Asia Central. Actualmente, su llamada lista negra de países tan sólo difiere de la de la UE en 6 naciones. En marzo de 2003 Turquía ratificó también la Ley sobre Permisos de Trabajo para Extranjeros, reforzó su sistema legislativo y adoptó muchos de los criterios europeos en materia de reunificación familiar y residencia para extranjeros procedentes de terceros países. Paralelamente se han negociado una serie de acuerdos de readmisión con Grecia, Siria, Kirguistán, Ucrania y Rumania y en 2004 se firmó un protocolo de cooperación para la gestión de las fronteras con Bulgaria. Actualmente se están llevando a cabo también una serie de negociaciones para concretar acuerdos bilaterales de readmisión con Pakistán, Sri Lanka, Jordania, Líbano, Libia y Uzbekistán. Desde el punto de vista financiero, Turquía se ha beneficiado del Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IPA, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es garantizar el apoyo necesario para que el país candidato pueda cumplir con los criterios de adhesión a Europa. En este sentido, no es casualidad que las prioridades que se establecían en el programa financiero turco del 2006 se refirieran, entre otras cosas, a algunos aspectos internos relativos a la justicia, la libertad y la seguridad o que entre los componentes de dicho programa figurase la llamada Cooperación Regional y Transfronteriza (CBC). Para el periodo 2007-2010 se prevé un incremento de los 497 (2007) a los 653,7 millones de euros (2010) de la media anual turca destinada a la redistribución económica.
La asistencia financiera se está gestionando sobre la base del Programa Nacional para la Adopción del Acervo (NPPA), cuyas prioridades a corto y medio plazo son fomentar la capacidad de la administración pública para desarrollar el control eficaz de las fronteras y adaptarse al acervo comunitario en materia de inmigración (admisión, readmisión y expulsión).
La frontera entre Grecia y Turquía: una zona candente
Las relaciones entre Grecia y Turquía han estado históricamente ligadas a la cuestión de las fronteras (sobre todo, en el marco del problema chipriota y, en general, del estatus legal de las islas del Egeo). No obstante, la adaptación progresiva de Turquía al acervo comunitario parece haber favorecido la aproximación entre ambas naciones, especialmente a partir de finales de los años noventa. En el 2004 la Comisión aprobó el envío de 35 millones de euros para, en primer lugar, apoyar la cooperación transfronteriza entre Grecia y Turquía, pero también para estimular la cooperación económica entre ambos países.
A pesar de estos esfuerzos, las relaciones greco-turcas aún no son del todo distendidas: el problema fundamental entre ambos países sigue encontrándose en las fronteras y en la cuestión migratoria. Hacia finales de los años 70, después de la revolución iraní, llegaron a Turquía un gran número de inmigrantes procedentes de Irán, que utilizaron el país como puente hacia otros destinos, entre ellos Europa. Del mismo modo, después de la Primera Guerra del Golfo, iraquíes, kurdos y turcomanos buscaron refugio temporalmente en tierras turcas. Hoy por hoy, a todo este panorama se añade también la emigración en tránsito procedente de países como Irak, Irán, Bangladesh, Pakistán, Afganistán y numerosos países africanos. Todo ello afecta inevitablemente a Grecia, país que debido a su posición se ha convertido en un lugar preferente de paso para la inmigración en tránsito que se dirige a Europa. En este contexto, las zonas fronterizas entre ambos países se han convertido en espacios de roces y fricciones constantes.
En el 2001, Grecia y Turquía firmaron un acuerdo de readmisión que permitiese a Grecia rechazar a los inmigrantes ilegales procedentes de Turquía. Este acuerdo fue considerado por los entonces ministros de exteriores George Papandreou e Ismail Cem como un paso fundamental de cara a la resolución del problema migratorio. Sin embargo, este acuerdo no ha servido para solucionar el problema. Aún hoy sigue habiendo un gran número de inmigrantes que tratan de ingresar en Europa a través de las fronteras greco-turcas, consecuencia probable de la situación por la que atraviesa Oriente Medio y por el endurecimiento de las políticas de control italianas y españolas, que están funcionando como un elemento disuasorio en el área mediterránea. Los inmigrantes clandestinos traspasan las fronteras a través de la región de Tracia o del archipiélago marítimo egeo y con frecuencia su aventura termina de forma trágica, con numerosos muertos como consecuencia de naufragios o intervenciones militares que preocupan notablemente a la comunidad internacional. En efecto, después de los sucesos que se registraron el pasado mes de octubre, durante el cual fue interceptada una embarcación escoltada por un guardacostas turco, se ha comenzado a hablar de violación de las aguas territoriales por parte de los militares griegos, al tiempo que el Gobierno turco ha sido acusado de participar en el tráfico de seres humanos y de colaborar con las mafias locales que se ocupan del traslado ilegal de inmigrantes.
Entre noviembre y diciembre han sido interceptados en la costa sureste de Grecia y en las proximidades de las islas del Egeo numerosos inmigrantes ilegales. El Gobierno griego, que ha sido sistemáticamente criticado por los organismos internacionales y las ONGs por el tratamiento desmedido y violento dado a los inmigrantes clandestinos, devuelve las críticas a Turquía, acusándola de no colaborar en el control de la inmigración ilegal y de obstaculizar la repatriación de los inmigrantes interceptados.
Todo ello deja claro que el acuerdo de readmisión ha sido insuficiente. En los últimos años, las peticiones de repatriación procedentes de Grecia han tenido una bajísima respuesta positiva: según la Agencia de Noticias de Atenas, de las 22.000 peticiones de repatriación formuladas, Turquía sólo ha aceptado 1.400. Por ello, el Ministro del Interior griego Prokopis Payalopoulos, ha solicitado la colaboración de la Unión Europea en la gestión de las fronteras entre Grecia y Turquía ya que salta a la vista que este problema afecta también de forma directa a la UE en la medida en que las corrientes migratorias se dirigen en último término al interior de las fronteras comunitarias.
Conclusiones: ¿Cuáles son las perspectivas?
Tradicionalmente, Turquía ha sido un país de emigración, pero en los últimos años la situación se ha transformado notablemente hasta el punto de que el territorio turco se ha convertido en una de las principales zonas de tránsito de inmigrantes ilegales. Por ello, las ventajas que podrían derivarse del ingreso de Turquía en la UE son bastante claras. Para empezar, el reciente desarrollo geopolítico ha contribuido a reforzar el papel de Turquía en el ámbito de la política de vecindad con los países de la región de Oriente Medio y la adhesión de Turquía podría servir para optimizar la gestión de las fronteras y favorecer la lucha contra la emigración ilegal. Pero los resultados son impredecibles.
Si, por un lado, la entrada de Turquía podría servir a la UE para optimizar el control de las fronteras y de los flujos migratorios, por otro, se teme que su adhesión obligue a la UE a afrontar una oleada masiva de inmigrantes. Es verdad que, a pesar de las dificultades y de la lentitud, el camino que actualmente ha emprendido Turquía parece ser el de la adecuación a las peticiones europeas de mejorar el control de sus fronteras. Prueba de ello es, sobre todo, la imposición de un visado a muchos terceros países y la firma de numerosos acuerdos de readmisión.
Aunque esto hace sospechar que lo que Europa espera de Turquía es que, en función de su posición estratégica, asuma un papel de centinela de frontera, de muro de contención a la llegada de inmigrantes clandestinos, siguen existiendo importantes dificultades concretas: las negociaciones son aún complicadas, sobre todo debido a la cuestión chipriota. El debate en Europa se encuentra aún abierto y lo estará todavía en los próximos meses.
Traducción de Paula Martos Ardid
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