Cualquier análisis que hagamos de la situación que se desencadena en Córdoba, y luego se extenderá al resto del país, será demasiado limitado, no sólo por la complejidad del tema, sino por las ramificaciones y consecuencias posteriores al “cese” del conflicto. También implica una radiografía de la sociedad que tenemos, de cómo somos y cómo actuamos. Y lo que se ve en ella no es para tranquilizarse.
Ya se escribió y habló bastante sobre la impericia de De la Sota, sobre su política de “seguridad” en estos últimos años (aumentar desmesuradamente la fuerza policíaca creando más problemas que lo que resolvía, incluso creando más inseguridad a un sector de la población, vulnerable justamente a esa policía y no justamente por ser delincuentes). También sobre cómo manejó (o mejor dicho no manejó) la situación mientras se incubaba el conflicto y luego cuando estalla. Por supuesto que él, como sectores de la oposición, incluyendo los medios hegemónicos y parte de la población influenciadas por estos, acusaron al gobierno nacional por haber llegado a esa situación. Claro, la reivindicación de ser un país federal es buena para los beneficios y libertades: las responsabilidades y obligaciones no cuentan. Y el tema de los delitos comunes, la seguridad del ciudadano/a y los salarios de los empleados y funcionarios provinciales, entre otros temas, son responsabilidad de cada provincia (poder ejecutivo, legislativo y judicial).
Para colmo, la irresponsabilidad e incapacidad con que De la Sota buscó zafar, cediendo absolutamente al chantaje de grupos policiales, abrió las puertas para que el conflicto se extendiera en las demás provincias. Entregado a la extorsión, pateó la pelota para adelante y para fuera, pues aceptó demandas que exceden la capacidad financiera de la provincia (si no excedieran, por qué entonces no arregló antes de que la población se transformara en rehén y sufriera los efectos que se producen en una zona liberada). Y el derrotado en realidad no es De la Sota, ni el triunfante es el que consigue un aumento de salario (que seguramente merecía). Son otras las cuestiones en juego, especialmente porque estamos hablando de un sector profesional que tiene una característica: está armado y su capacidad de desestabilización ha sido potenciada.Para las fuerzas policiales un protagonismo pocas veces visto y la constatación de un poder muy grande. No por nada las reivindicaciones se extendieron a otras provincias. Además la consolidación de “nuevas” formas de presión con mayor grado de organización. A los acuartelamientos y la actividad de los cuasi-sindicatos policiales se le sumó un protagonismo importante de las esposas, familiares y del personal retirado. Y la constatación de lo relativamente fácil que es pasar de la presión al chantaje y la extorsión, a través de la promoción de zonas liberadas. Y cómo se potencia el conflicto con la actividad de pequeñas bandas de delincuentes bien organizadas y coordinadas, sea directamente promovida por algunos de los sectores policiales, sea producto de la propia decisión de delincuentes que ven en la crisis una oportunidad inmejorable.
También fue un aprendizaje para los otros gobiernos provinciales. No por nada Bonfatti, antes que se desmadre la situación en Santa Fe, pide a la Nación por la presencia de la gendarmería. Dicho sea al pasar, el gobierno socialista de Santa Fe convocó a la dirigencia política a un acto “en defensa de las instituciones”. Pues es claro que aquí una corporación -la policial-, lo busque o no, probablemente hoy no, es desestabilizante. Al respecto es muy buena la señalización de Sergio Delfino sobre la necesidad de apoyar,
“Hay que ir a la convocatoria de Bonfatti y si hacen acto en la plaza, llenarla por más que no creamos en el diagnóstico socialista.
Hay que ir recordando lo que ellos hicieron en pleno conflicto de la 125 cuando querían voltear a Cristina: Binner recibió a la Mesa de Enlace y les prestó el balcón de la Casa de Gobierno para un discurso. Hay que ir, entre otras cosas, para mostrarle que no somos bosta como ellos.” (http://sergiodelfino.blogspot.com.ar/)
Es un aprendizaje de la Nación, que si bien no puede intervenir en las provincias si no es convocada (o si no hace una intervención con todas la de la ley), sí ve que tiene que monitorear lo que pasa en cada lugar y estar alerta, para estar lista e incluso para sugerir a las jurisdicciones vías de acción y coordinación.
También fue un aprendizaje para sectores de la delincuencia, sea los que fueron convocados o son socios o empleados de sectores de la policía -y la justicia- corrupta, sea los que ven la oportunidad de aprovechar el río revuelto. Y también para sectores que sin ser delincuentes organizados, viven en el borde de la ilegalidad y no tienen problemas en pasar de un lado a otro de la frontera cuando la situación es propicia.
Pero esto no es todo.
Hay un sector que seguramente aprendió mucho de este conflicto y otro que lamentablemente no debe haber aprendido casi nada.
El sector que debe haber aprendido mucho de este conflicto es aquel que siempre propició golpes de Estado de facto, y que con la profundización de la política de derechos humanos de Néstor Kirchner y del principio del fin de la impunidad, vieron cerrado (al menos por un tiempo) la posibilidad tradicional de recurrir a los militares. Por ello se volcó con la 125 a propiciar un Golpe de Jure, que por suerte no pudieron concretar. Pero aquí, con la policía, se abre un nuevo abanico de posibilidades que se le suma a las desestabilizaciones que pueden hacer yendo contra la moneda argentina, estimulando la especulación, la incertidumbre y la inflación entre otras. Habrá que hilar más fino en todo lo que han hecho contra el proceso chavista en Venezuela en los últimos años (especialmente los últimos 15 meses), así como tener en cuenta lo ocurrido en Ecuador con la Policía, que si bien ninguna de las cosas son trasladables mecánicamente, si encierran enseñanzas y advertencias.
Pero la pregunta del millón no se refiere tanto a todos esos aprendizajes, sino a ¿aprendimos algo nosotros, la gente común?. Y si juzgamos por los resultados, no sólo no aprendimos algo bueno, sino que hay cosas que se aprendieron que sería muy bueno desaprenderlas.
Veamos una pequeña lista de algunas cuestiones a analizar, sacando de ella por ser obvias temas como cómo se encuadran las reivindicaciones de asalariados -empleados- que están armados, cómo se debe proceder frente a una reivindicación -justa o no- que es acompañada directa o indirectamente de extorsión, chantaje y graves inconvenientes para la población -donde se ponen en riesgo sus vidas y bienes-, que exceden lejos al de una huelga común, incluso a un paro general:
1) Si bien en Córdoba, con más de 1000 comercios robados (la palabra saqueo es más débil para describir lo que pasó), fue evidente la presencia de bandas delictivas organizadas, también participaron de los mismos gente común, incluso algunos que se consideran “clase media” y no justamente porque estaban “carenciada” y necesitaban comer. “La oportunidad hace al ladrón” dice un refrán con gran carga de pesimismo sobre la fortaleza de nuestros valores, resaltando la hipocresía de conductas. Asimismo el encierro y temor de gran parte de la población pone de manifiesto un nivel de anomia generalizada, que aflora tras un acuartelamiento de un sector, ni siquiera mayoritario, de la policía. Es muy grave lo que pasó y seguirá pasando aunque el conflicto cese, no tanto respecto a la policía, sino a nuestras conductas y reacciones como sociedad..
2) La auto conformación de “fuerzas represoras”, jueces y verdugos, entre sectores también autoconsiderados “de la clase media”, que agredían violentamente a cualquier sospechoso, especialmente si iba en moto y vestido como laburante, tampoco es casual y muestra el nivel de racismo y de violencia existente entre nosotros que no se resuelve con más policía o mano dura. No por nada la mayoría de los homicidios y casos de violencia grave registrados en Argentina no están vinculados al narcotráfico, como inadvertidamente algunos quieren hacer creer, sino a relaciones familiares, sexismo, conflictos de vecinos, etc.
3) Los salarios de los policías, si bien más altos que en otras épocas, debían ser mejorados, no sólo respecto al salario mínimo de aquel que recién ingresa, sino que la escala salarial no esté tan achatada. ¿Pero cuál debe ser ese mínimo -con todos los adicionales que existen? Obviamente que lo cedido por De la Sota termina siendo un piso del cual menos nadie querrá aceptar. Pero acordado ese incremento salarial ¿Cómo afectará a las demandas de los uniformados de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal, de Prefectura y de Gendarmería? ¿Y cómo afectará a los demás empleados públicos, a los docentes por caso, que son de los sectores con mayor cantidad de personal?
4) ¿Y cómo afectarán los incrementos salariales las finanzas provinciales, municipales y nacional? Pues obviamente los ingresos son finitos y previos a estos aumentos y aún así las provincias estaban endeudadas (Córdoba lejos con la mayor tasa de policía por habitante del país y con un sistema jubilatorio en crisis, por ejemplo). Y la Nación ve disminuir las reservas por las corridas contra el peso, la usura financiera y las presiones alcistas de corporaciones y debe atender los embates que le hacen desde sectores especulativos o corporativos. Y por supuesto: aumentos significativos en el sector público será un ingrediente importante para la recomposición salarial en el sector privado. No es que cada sector no tenga derecho a mejorar sus ingresos: lo tiene y mucho, pero hay que considerar todas las variables.
5) Lo anterior nos lleva a un dilema casi de hierro: Seguir en la eterna calesita o algún día comenzar tal vez no tanto a romperla, pues sería mucho pedir, pero al menos a cambiar sus términos.
Seguir con lo de siempre implica que producida una mejora real del salario se pondrán en movimiento los mecanismos para licuarla: las empresas formadoras de precio incrementará sus precios; municipios, provincias y nación incrementarán la presión impositiva y el precio por servicios, abandonarán inversiones, especialmente en obras públicas y cuestiones sociales, realizarán recortes o se endeudarán muchísimo más.
Pero no es el único camino: también está establecer otra relación entre capital y salario, bajar los márgenes de ganancia -que en Argentina son superiores a muchos países, especialmente de todos los países que la propia clase dominante pone de modelo frente a los modelos “populistas”.
Es sabido que la brecha que existe entre el rendimiento de la hora de trabajo y lo percibido por el trabajador por dicha hora es el tripe, el cuatriple o aún más, según el sector que analicemos. Si tomamos el PBI y descontamos del mismo la masa destinada al salario y lo que recibe el Estado (que supuestamente devuelve de diversas formas), queda un gran porcentaje del PBI que va al capital y a la renta. Aumentar el salario sin tocar la verdadera redistribución del ingreso es pan para hoy (que es necesario) y hambre para mañana (evitarlo requiere de otras políticas que suelen estar en las antípodas de lo que piensa gran parte de la dirigencia política y de gran parte de la propia población).
Y si hilamos más fino aún, en la propia masa destinada al salario encontramos sueldos que superan los 150,000 pesos mensuales frente a asalariados que ganan menos de 3000.
Los mismos sectores liberales y “progresistas” que se oponen a los gobiernos que predican una mayor justicia social, ponen como modelos a seguir países como Suecia. Pero ocurre que en Suecia, la diferencia salarial entre los deciles inferiores y las superiores no supera el 50% y fue durante muchos años menor al 40% aquí superamos con creces el 500%.
O si lo miramos de otra manera: los tres deciles de salario más bajos representan el 40,6% de la población y reciben del total de ingresos el 14,7%. En cambio los tres deciles más altos representan el 21,1% de la población y reciben el 49,7. Y la diferencia es mucho mayor aún si comparamos el decil más bajo, que representa el 15,1% de la población y recibe el 3,1% del ingreso, mientras que el decil más alto representa el 5,9% de la población y recibe el 22% del ingreso. (Datos del 2012, no son exactos y pueden encontrarse otros, pero en todos los casos hay coincidencia en que la brecha -que se redujo algo en los últimos años- es muy grande entre el primer decil y el último -más o menos el más alto gana más de 12 veces que el más bajo)
Naturalmente que los mecanismos para licuar los aumentos salariales, o hacer frente a los gastos que implican son parte de un camino trillado, conocido y malo para los trabajadores.
El otro camino, apuntar a rediscutir la tasa de ganancia o incluso la relación que debe existir entre el salario más alto y el más bajo, conlleva un mayor e impredecible conflicto político, ideológico, económico y social. Pero jamás una tortilla se hizo sin romper los huevos.
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