El Ayuntamiento de Manacor (Mallorca) no acababa de decidirse. A pesar de la falta de mantenimiento en la red de suministro, de la subida de tarifas, del problema con los altos niveles de nitratos detectados —se recomendó a los bebés y embarazadas no bebieran agua del grifo—, no acababan de asumir la gestión del abastecimiento del agua. Y eso que la remunicipalización del servicio estaba en la agenda política desde 1997, cuando el grupo de Esquerra Unida hizo su primera petición. El paso se dio, finalmente, el pasado noviembre, cuando el Consistorio ejecutó el rescate en detrimento de Aguas de Manacor, la empresa privada que se había encargado del negocio en los últimos 27 años.
El caso del municipio mallorquín no es único. Arteixo (A Coruña) tomó la misma decisión en julio pasado. La Línea de la Concepción (Cádiz), en septiembre. Y tres pequeñas pedanías de Jerez (Guadalcacín, Estella y Torrecera) se han sumado recientemente. Pero la desprivatización del agua es todavía una excepción en España, donde el 50% del abastecimiento continúa en manos privadas. En Europa, ese porcentaje se reduce al 30%. En el mundo, hasta un 10%.
“El debate sobre la remunicipalización del agua se está abriendo y crecen las plataformas y partidos políticos que defienden esa tendencia, pero va muy lento”, analiza el secretario general de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), Jaime Morell. En cambio, el gerente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (Aeas), Roque Gistau, le resta trascendencia por los escasos casos existentes.
La pugna entre privatización y desprivatización es todavía muy desigual en un país en el que el abastecimiento del agua es en algunos casos una fuente más de financiación pública. La titularidad del suministro hasta los hogares es municipal, pero conviven dos modelos de gestión: el público o el concesionado, que da el control a una empresa privada o a una sociedad mixta público-privada, de gestión compartida. Este último es el modelo que se ha seguido, por ejemplo, en el área metropolitana de Barcelona, cuando el año pasado Agbar y el Gobierno metropolitano sellaron una alianza para alargar las concesiones de agua de Agbar en 23 municipios de su influencia.
Solo esa reprivatización afecta a casi tres millones de personas. En España, en el último par de años, se ha producido una docena de casos de municipios que han decidido asumir por completo el abastecimiento del agua. Algunos otros se lo plantean o, incluso, han iniciado las tramitaciones necesarias para hacerlo efectivo. El proceso es lento: las remunicipalizaciones ejecutadas este año afectan a algo menos de 150.000 consumidores.
El gran pero que pesa en España reside en el tipo de municipios que se ha subido a ese carro. Son todos de pequeñas dimensiones, nada que ver con los dos grandes ejemplos europeos en un proceso que ha ganado fuerza mediante plataformas ciudadanas y que no sabe de colores políticos, como sí ocurre en el caso español. El Ayuntamiento de París dio en 2008 portazo a dos grandes multinacionales de capital francés (Suez y Veolia) para recuperar Eau du Paris, y el de Berlín tomó una vía parecida en noviembre pasado para recobrar la Berlin WasserBetrieb. El problema del caso alemán es y será su alto coste. La Administración berlinesa deberá recomprar el 49,1% de las acciones que vendió de su compañía de suministro en 1999. El precio: 590 millones de euros que se embolsará Veolia y otros 650 millones que irán a parar a RWE.
“Para remunicipalizar ha de existir un compromiso político y, a partir de ahí, lograr un acuerdo para expulsar al operador privado”, señalaba Emilio Pachón, el gerente de Aguas del Huesna, en unas jornadas sobre remunicipalización del agua organizadas en Barcelona el pasado 26 de noviembre por la plataforma Agua es Vida y la alianza global Reclaiming Public Water.
En la sociedad Aguas del Huesna se encuentra quizá el origen del movimiento remunicipalizador en España. Son 17 municipios sevillanos, con unos 300.000 habitantes en su conjunto, que decidieron dar marcha atrás en el proceso privatizador que se les había planteado para asegurarse el suministro del agua en 1994. Aquella privatización acabó en un mejunje de sobrecostes en las inversiones proyectadas y de incumplimientos que en 2007 derivó en un expediente de rescate de la concesión y en la puesta en marcha de una empresa pública que se encarga de abastecer agua a esos municipios. El mayor tiene 50.000 habitantes; el menor, apenas 300.
David McDonald, uno de los autores de Remunicipalización: El retorno del agua a manos públicas (Transnational Institute, 2013), señala que la vuelta del suministro del agua a manos públicas puede tener diversas motivaciones. En ocasiones fracasa la misma empresa concesionaria, incapaz de asumir las condiciones de su contrato. En otras son los municipios los que acaban entendiendo que la explotación de un servicio público genera beneficios para una empresa privada y, por tanto, más costes en la factura para el ciudadano que podrían evitarse. “Muchos alcaldes dijeron que era necesario reducir la deuda e, incluso, que la gestión privada era más eficiente, pero el resultado ha sido que los precios son más altos y que los beneficios son para las empresas”, resume sobre la situación actual Christa Hecht, de la Asociación de Operadores Públicos de Alemania.
En el caso de Medina Sidonia, otro municipio gaditano que en 2003 decidió crear su propia empresa pública —Aguas de Medina— para gestionar el abastecimiento del agua, el factor precio fue importante. Pero el gerente de AEOPAS, Luis Babiano, también asegura que, desde que se recuperó la gestión pública, en el municipio no ha habido cortes de agua, ni siquiera con la irrupción de la crisis económica. La propia página web de la empresa Aguas de Medina señala que la decisión de remunicipalizar “fue tomada con una firme voluntad de mejora del servicio en todos sus aspectos, así como de repercutir directamente los beneficios generados en el municipio”.
Algo parecido sucedió en Eau de Paris cuando se optó por la gestión pública. Su gerente, Bruno Inguyen, asegura que la gestión pública sin reparto de dividendos y con un mayor control de las inversiones supone ahorrar 35 millones de euros al año y ha permitido rebajar la tarifa del agua un 8% en un par de años, además de duplicar el fondo de solidaridad para los más pobres, los que no pueden pagar la factura.
La rebaja de la tarifa es también uno de los argumentos utilizados por las tres pedanías que han decidido excluirse del contrato del agua de Jerez de la Frontera que se quedó Aqualia, del grupo FCC, en abril pasado. Sus 4.000 familias pagarán un precio más bajo que el resto del municipio al sumarse al proyecto de la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz. Según Paco López, de la Coordinadora del Agua de Jerez, esa diferencia tarifaria alcanzará el 30%. “Tenemos motivos de todo tipo para apostar por este modelo, pero sobre todo porque no hemos encontrado aún una ciudad en España con el agua privatizada en la que estén contentos”, señala.
Pero McDonald subraya que el ahorro y la eficiencia del servicio público no deben ser los únicos factores a la hora de decidir la reversión de una concesión. Él también sazona su discurso remunicipalizador con conceptos como “equidad”, “solidaridad pública” e incluso “democratización” de la gestión pública, en la que deben participar plataformas ciudadanas. Es decir, tener en cuenta a los más necesitados y acercar la gestión del agua a la sociedad.
Alfons Molons es el presidente de Aigües d’Arenys, una empresa pública de Arenys de Munt (Barcelona) que dejó de ser privada en 2011. En su opinión, remunicipalizar no tiene que significar bajar tarifas, “porque la gente debe saber lo que cuesta el agua”. “De hecho”, señala, “no pagamos tanto por el agua que consumimos sino por tener la seguridad de abrir el grifo y saber que nos va a salir agua”. Pese a ese discurso, la compañía ha introducido innovaciones sociales en la tarificación del agua para beneficiar a las familias —se tiene en cuenta el número de miembros de un hogar en el tramo más bajo— y castigar los consumos domésticos poco sostenibles.
Molons evita criticar a Sorea (del grupo Agbar), la empresa que se encargaba del suministro del agua en su ciudad y que ahora reclama al Ayuntamiento 600.000 euros en concepto de inversiones que la compañía dice haber hecho y que una auditoría de la Diputación de Barcelona, en cambio, niega que el Consistorio deba pagar. El caso está en los tribunales y amenaza a un municipio de apenas 8.000 habitantes y un presupuesto de algo más de seis millones de euros.
Hasta ahora, las privatizaciones han tenido un claro objetivo: la financiación extraordinaria que consiguen con ello las Administraciones y restar gasto corriente a sus partidas presupuestarias. En esos mismos argumentos se encuentran ahora los problemas para desprivatizar la gestión del agua, con las arcas municipales padeciendo la crisis con una reducción de ingresos. “El rescate se puede pedir, pero implica devolver la cantidad del canon concesional e incluso pagar una indemnización por lucro cesante. Y eso lo hace imposible”, señala el secretario general de AEOPAS. Además, los municipios que opten por esta vía tendrán que asumir importantes inversiones en el mantenimiento de la red.
“Además, las concesiones se hacen a 20 o 30 años vista, lo que encarece todavía más cualquier proceso”, explica Albert Testart, gerente del Consorcio para la Gestión de Aguas de Cataluña (Congiac), una plataforma de carácter público que asesora en temas hídricos e incluso asume la gestión del suministro de aquellos municipios que se lo solicitan. Testart explica que muchos Ayuntamientos son tan conscientes de la imposibilidad de rescatar concesiones de agua que lo único que reclaman es “una guía para controlar a la empresa concesionaria, ya que la opacidad es total”.
“Nosotros propusimos en 1997 que se municipalizara el agua en Manacor después de años reclamando que se publicara el pliego de condiciones del concurso”, explica Manel Carmona, coordinador general de Esquerra Unida en Baleares. A partir del momento en el que este fue público, se pudo empezar a controlar la concesión.
“En España no tenemos apenas regulación, no hay controladores, existe oscurantismo…”, enumera los contras de la privatización Jaime Morell, quien cree tener las claves para facilitar una reforma contraprivatizadora. “Se tiene que legislar para que lo que se ingresa por agua vuelva en forma de inversiones al agua y para que se pueda ver fácilmente en el recibo qué cantidad de lo que se paga se va directamente a la empresa concesionaria y no al servicio”. Agua es Vida, una plataforma formada por asociaciones vecinales y ecologistas de Cataluña, ha analizado recientemente los gastos de Agbar y ha llegado a la conclusión de que el 56% del coste de la factura en 23 municipios de Barcelona no tiene que ver con el servicio del agua per se, sino con partidas vinculadas a créditos, impuestos, publicidad y beneficios (de Agbar y de sus proveedores), entre otros.
Morell insiste en que “lo que no puede ser es que una empresa, pública o no, destine recursos de un derecho humano como es el agua a otros servicios”. Es un punto de vista que comparte el gerente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento, quien defiende que cualquier modelo de gestión es válido e incluso apuesta por la convivencia, pero lamenta “la perversión del modelo” de que se cobren concesiones o cánones para la depuración del agua y que, en cambio, ese dinero acabe desviado para otros fines.
McDonald advertía en noviembre que el marchamo de empresa pública tampoco garantiza nada en cuanto a calidad. “No por ser público funciona todo bien”, indicaba, para acabar criticando a aquellas empresas dependientes de la Administración que, al final, actúan como una compañía privada más. “Esas que se van a América Latina o a África en busca de concursos para conseguir beneficios y que actúan como privadas en el extranjero”, decía.
El caso del municipio mallorquín no es único. Arteixo (A Coruña) tomó la misma decisión en julio pasado. La Línea de la Concepción (Cádiz), en septiembre. Y tres pequeñas pedanías de Jerez (Guadalcacín, Estella y Torrecera) se han sumado recientemente. Pero la desprivatización del agua es todavía una excepción en España, donde el 50% del abastecimiento continúa en manos privadas. En Europa, ese porcentaje se reduce al 30%. En el mundo, hasta un 10%.
“El debate sobre la remunicipalización del agua se está abriendo y crecen las plataformas y partidos políticos que defienden esa tendencia, pero va muy lento”, analiza el secretario general de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), Jaime Morell. En cambio, el gerente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (Aeas), Roque Gistau, le resta trascendencia por los escasos casos existentes.
La pugna entre privatización y desprivatización es todavía muy desigual en un país en el que el abastecimiento del agua es en algunos casos una fuente más de financiación pública. La titularidad del suministro hasta los hogares es municipal, pero conviven dos modelos de gestión: el público o el concesionado, que da el control a una empresa privada o a una sociedad mixta público-privada, de gestión compartida. Este último es el modelo que se ha seguido, por ejemplo, en el área metropolitana de Barcelona, cuando el año pasado Agbar y el Gobierno metropolitano sellaron una alianza para alargar las concesiones de agua de Agbar en 23 municipios de su influencia.
Solo esa reprivatización afecta a casi tres millones de personas. En España, en el último par de años, se ha producido una docena de casos de municipios que han decidido asumir por completo el abastecimiento del agua. Algunos otros se lo plantean o, incluso, han iniciado las tramitaciones necesarias para hacerlo efectivo. El proceso es lento: las remunicipalizaciones ejecutadas este año afectan a algo menos de 150.000 consumidores.
El gran pero que pesa en España reside en el tipo de municipios que se ha subido a ese carro. Son todos de pequeñas dimensiones, nada que ver con los dos grandes ejemplos europeos en un proceso que ha ganado fuerza mediante plataformas ciudadanas y que no sabe de colores políticos, como sí ocurre en el caso español. El Ayuntamiento de París dio en 2008 portazo a dos grandes multinacionales de capital francés (Suez y Veolia) para recuperar Eau du Paris, y el de Berlín tomó una vía parecida en noviembre pasado para recobrar la Berlin WasserBetrieb. El problema del caso alemán es y será su alto coste. La Administración berlinesa deberá recomprar el 49,1% de las acciones que vendió de su compañía de suministro en 1999. El precio: 590 millones de euros que se embolsará Veolia y otros 650 millones que irán a parar a RWE.
“Para remunicipalizar ha de existir un compromiso político y, a partir de ahí, lograr un acuerdo para expulsar al operador privado”, señalaba Emilio Pachón, el gerente de Aguas del Huesna, en unas jornadas sobre remunicipalización del agua organizadas en Barcelona el pasado 26 de noviembre por la plataforma Agua es Vida y la alianza global Reclaiming Public Water.
En la sociedad Aguas del Huesna se encuentra quizá el origen del movimiento remunicipalizador en España. Son 17 municipios sevillanos, con unos 300.000 habitantes en su conjunto, que decidieron dar marcha atrás en el proceso privatizador que se les había planteado para asegurarse el suministro del agua en 1994. Aquella privatización acabó en un mejunje de sobrecostes en las inversiones proyectadas y de incumplimientos que en 2007 derivó en un expediente de rescate de la concesión y en la puesta en marcha de una empresa pública que se encarga de abastecer agua a esos municipios. El mayor tiene 50.000 habitantes; el menor, apenas 300.
David McDonald, uno de los autores de Remunicipalización: El retorno del agua a manos públicas (Transnational Institute, 2013), señala que la vuelta del suministro del agua a manos públicas puede tener diversas motivaciones. En ocasiones fracasa la misma empresa concesionaria, incapaz de asumir las condiciones de su contrato. En otras son los municipios los que acaban entendiendo que la explotación de un servicio público genera beneficios para una empresa privada y, por tanto, más costes en la factura para el ciudadano que podrían evitarse. “Muchos alcaldes dijeron que era necesario reducir la deuda e, incluso, que la gestión privada era más eficiente, pero el resultado ha sido que los precios son más altos y que los beneficios son para las empresas”, resume sobre la situación actual Christa Hecht, de la Asociación de Operadores Públicos de Alemania.
En el caso de Medina Sidonia, otro municipio gaditano que en 2003 decidió crear su propia empresa pública —Aguas de Medina— para gestionar el abastecimiento del agua, el factor precio fue importante. Pero el gerente de AEOPAS, Luis Babiano, también asegura que, desde que se recuperó la gestión pública, en el municipio no ha habido cortes de agua, ni siquiera con la irrupción de la crisis económica. La propia página web de la empresa Aguas de Medina señala que la decisión de remunicipalizar “fue tomada con una firme voluntad de mejora del servicio en todos sus aspectos, así como de repercutir directamente los beneficios generados en el municipio”.
Algo parecido sucedió en Eau de Paris cuando se optó por la gestión pública. Su gerente, Bruno Inguyen, asegura que la gestión pública sin reparto de dividendos y con un mayor control de las inversiones supone ahorrar 35 millones de euros al año y ha permitido rebajar la tarifa del agua un 8% en un par de años, además de duplicar el fondo de solidaridad para los más pobres, los que no pueden pagar la factura.
La rebaja de la tarifa es también uno de los argumentos utilizados por las tres pedanías que han decidido excluirse del contrato del agua de Jerez de la Frontera que se quedó Aqualia, del grupo FCC, en abril pasado. Sus 4.000 familias pagarán un precio más bajo que el resto del municipio al sumarse al proyecto de la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz. Según Paco López, de la Coordinadora del Agua de Jerez, esa diferencia tarifaria alcanzará el 30%. “Tenemos motivos de todo tipo para apostar por este modelo, pero sobre todo porque no hemos encontrado aún una ciudad en España con el agua privatizada en la que estén contentos”, señala.
Pero McDonald subraya que el ahorro y la eficiencia del servicio público no deben ser los únicos factores a la hora de decidir la reversión de una concesión. Él también sazona su discurso remunicipalizador con conceptos como “equidad”, “solidaridad pública” e incluso “democratización” de la gestión pública, en la que deben participar plataformas ciudadanas. Es decir, tener en cuenta a los más necesitados y acercar la gestión del agua a la sociedad.
Alfons Molons es el presidente de Aigües d’Arenys, una empresa pública de Arenys de Munt (Barcelona) que dejó de ser privada en 2011. En su opinión, remunicipalizar no tiene que significar bajar tarifas, “porque la gente debe saber lo que cuesta el agua”. “De hecho”, señala, “no pagamos tanto por el agua que consumimos sino por tener la seguridad de abrir el grifo y saber que nos va a salir agua”. Pese a ese discurso, la compañía ha introducido innovaciones sociales en la tarificación del agua para beneficiar a las familias —se tiene en cuenta el número de miembros de un hogar en el tramo más bajo— y castigar los consumos domésticos poco sostenibles.
Molons evita criticar a Sorea (del grupo Agbar), la empresa que se encargaba del suministro del agua en su ciudad y que ahora reclama al Ayuntamiento 600.000 euros en concepto de inversiones que la compañía dice haber hecho y que una auditoría de la Diputación de Barcelona, en cambio, niega que el Consistorio deba pagar. El caso está en los tribunales y amenaza a un municipio de apenas 8.000 habitantes y un presupuesto de algo más de seis millones de euros.
Hasta ahora, las privatizaciones han tenido un claro objetivo: la financiación extraordinaria que consiguen con ello las Administraciones y restar gasto corriente a sus partidas presupuestarias. En esos mismos argumentos se encuentran ahora los problemas para desprivatizar la gestión del agua, con las arcas municipales padeciendo la crisis con una reducción de ingresos. “El rescate se puede pedir, pero implica devolver la cantidad del canon concesional e incluso pagar una indemnización por lucro cesante. Y eso lo hace imposible”, señala el secretario general de AEOPAS. Además, los municipios que opten por esta vía tendrán que asumir importantes inversiones en el mantenimiento de la red.
“Además, las concesiones se hacen a 20 o 30 años vista, lo que encarece todavía más cualquier proceso”, explica Albert Testart, gerente del Consorcio para la Gestión de Aguas de Cataluña (Congiac), una plataforma de carácter público que asesora en temas hídricos e incluso asume la gestión del suministro de aquellos municipios que se lo solicitan. Testart explica que muchos Ayuntamientos son tan conscientes de la imposibilidad de rescatar concesiones de agua que lo único que reclaman es “una guía para controlar a la empresa concesionaria, ya que la opacidad es total”.
“Nosotros propusimos en 1997 que se municipalizara el agua en Manacor después de años reclamando que se publicara el pliego de condiciones del concurso”, explica Manel Carmona, coordinador general de Esquerra Unida en Baleares. A partir del momento en el que este fue público, se pudo empezar a controlar la concesión.
“En España no tenemos apenas regulación, no hay controladores, existe oscurantismo…”, enumera los contras de la privatización Jaime Morell, quien cree tener las claves para facilitar una reforma contraprivatizadora. “Se tiene que legislar para que lo que se ingresa por agua vuelva en forma de inversiones al agua y para que se pueda ver fácilmente en el recibo qué cantidad de lo que se paga se va directamente a la empresa concesionaria y no al servicio”. Agua es Vida, una plataforma formada por asociaciones vecinales y ecologistas de Cataluña, ha analizado recientemente los gastos de Agbar y ha llegado a la conclusión de que el 56% del coste de la factura en 23 municipios de Barcelona no tiene que ver con el servicio del agua per se, sino con partidas vinculadas a créditos, impuestos, publicidad y beneficios (de Agbar y de sus proveedores), entre otros.
Morell insiste en que “lo que no puede ser es que una empresa, pública o no, destine recursos de un derecho humano como es el agua a otros servicios”. Es un punto de vista que comparte el gerente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento, quien defiende que cualquier modelo de gestión es válido e incluso apuesta por la convivencia, pero lamenta “la perversión del modelo” de que se cobren concesiones o cánones para la depuración del agua y que, en cambio, ese dinero acabe desviado para otros fines.
McDonald advertía en noviembre que el marchamo de empresa pública tampoco garantiza nada en cuanto a calidad. “No por ser público funciona todo bien”, indicaba, para acabar criticando a aquellas empresas dependientes de la Administración que, al final, actúan como una compañía privada más. “Esas que se van a América Latina o a África en busca de concursos para conseguir beneficios y que actúan como privadas en el extranjero”, decía.
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