Por graciana peñafort
Primero dijeron que la mejor ley era la ley no escrita. También dijeron que estar discutiendo una ley en forma democrática mediante foros en todo el país, era la versión moderna de las comisiones creadas para no llevar a ningún lado. Después dijeron que nunca sería aplicada, que la Justicia no la validaría, que era inconstitucional...
El periodismo argentino dijo muchas cosas sobre la Ley de Servicios de Comunicación audiovisual… y muchas de esas cosas han sido desmentidas por la realidad y el transcurso del tiempo. Pero bueno, últimamente el periodismo argentino esta acostumbrándose a ser desmentido. Hasta por el mismísimo Papa Francisco –y no es un chiste–.Y quien suscribe esta nota suscribe que es bueno para el debate público que el periodismo también pueda ser desmentido, cuestionado e interpelado. Porque son parte del debate publico y no supremos administradores del mismo.
Nuevamente, ahora, dicen que se resolvería la propuesta de adecuación presentada por el Grupo Clarín. Y es extraño que para algunos medios de comunicación y para algunos periodistas el tratamiento administrativo de la propuesta de adecuación presentada por el mayor grupo concentrado de medios de comunicación de la Argentina, sea al mismo tiempo un terrible flagelo para la libertad de prensa y una señal de “arreglo” –más o menos espurio según quien suscriba la nota– entre dicho grupo y el gobierno.
¿Y si el tratamiento por parte de la Autoridad Regulatoria de una propuesta de adecuación no fuese ni uno ni lo otro? ¿Y si se tratase de algo llamado aplicación y cumplimiento de las leyes? ¿Y si alguien señalase que el cumplimiento de las leyes es la regla y la normalidad en eso que los que saben llaman Estado de Derecho?
De la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se encargará la respectiva autoridad regulatoria. No sería respetable en términos profesionales opinar sobre dicha adecuación sin conocer cómo se ha realizado o cúal es su contenido. O como dicen los viejos administrativistas, aquello de que la administración no habla, escribe.
Pero tal vez si sea tiempo de preguntarse por qué el cumplimiento de una ley del Estado, aprobada democráticamente y validada inclusive por el Poder Judicial, por parte de un sector del poder económico es noticia. Y va una hipótesis sujeta a discusión, pero hipótesis al fin… acaso sea porque durante mucho tiempo en la Argentina, el poder económico no se consideraba a sí mismo obligado a cumplir las leyes. Había dos leyes, una para el común de los mortales, llamados en este campo ciudadanos, y otras, muchas veces no escritas, para quienes detentan poder, dinero y capacidades operativas que permitían acordar con los gobiernos de turno para verse exceptuados o curiosamente olvidados de ese requisito básico de la obligatoriedad de las leyes.
Hace poco más de diez años empezó en la Argentina un nuevo rumbo, donde las leyes, las instituciones y la política adquirieron nuevas dimensiones y significados. Luego del fin del mundo que vivimos en el 2001, empezó a construirse un país donde hay leyes y donde las leyes deben ser cumplidas. Por el Estado, por los ciudadanos e incluso por los poderosos. Las nuevas leyes reconocen derechos los amplían, defienden los recursos estratégicos de la Patria, protegen… y también exigen. Y estas exigencias deben ser cumplidas por todos. Y la obligatoriedad de las leyes claramente cuestiona un orden anterior en el que algunos podían exceptuarse por su nombre o su apellido. Pero obligatoriedad –y cumplimiento– de las leyes no son ni las invasiones bárbaras ni el acuerdo tras bambalinas. Es el estado de derecho y es la democracia. Tal vez sea esa la verdadera noticia.
Nuevamente, ahora, dicen que se resolvería la propuesta de adecuación presentada por el Grupo Clarín. Y es extraño que para algunos medios de comunicación y para algunos periodistas el tratamiento administrativo de la propuesta de adecuación presentada por el mayor grupo concentrado de medios de comunicación de la Argentina, sea al mismo tiempo un terrible flagelo para la libertad de prensa y una señal de “arreglo” –más o menos espurio según quien suscriba la nota– entre dicho grupo y el gobierno.
¿Y si el tratamiento por parte de la Autoridad Regulatoria de una propuesta de adecuación no fuese ni uno ni lo otro? ¿Y si se tratase de algo llamado aplicación y cumplimiento de las leyes? ¿Y si alguien señalase que el cumplimiento de las leyes es la regla y la normalidad en eso que los que saben llaman Estado de Derecho?
De la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se encargará la respectiva autoridad regulatoria. No sería respetable en términos profesionales opinar sobre dicha adecuación sin conocer cómo se ha realizado o cúal es su contenido. O como dicen los viejos administrativistas, aquello de que la administración no habla, escribe.
Pero tal vez si sea tiempo de preguntarse por qué el cumplimiento de una ley del Estado, aprobada democráticamente y validada inclusive por el Poder Judicial, por parte de un sector del poder económico es noticia. Y va una hipótesis sujeta a discusión, pero hipótesis al fin… acaso sea porque durante mucho tiempo en la Argentina, el poder económico no se consideraba a sí mismo obligado a cumplir las leyes. Había dos leyes, una para el común de los mortales, llamados en este campo ciudadanos, y otras, muchas veces no escritas, para quienes detentan poder, dinero y capacidades operativas que permitían acordar con los gobiernos de turno para verse exceptuados o curiosamente olvidados de ese requisito básico de la obligatoriedad de las leyes.
Hace poco más de diez años empezó en la Argentina un nuevo rumbo, donde las leyes, las instituciones y la política adquirieron nuevas dimensiones y significados. Luego del fin del mundo que vivimos en el 2001, empezó a construirse un país donde hay leyes y donde las leyes deben ser cumplidas. Por el Estado, por los ciudadanos e incluso por los poderosos. Las nuevas leyes reconocen derechos los amplían, defienden los recursos estratégicos de la Patria, protegen… y también exigen. Y estas exigencias deben ser cumplidas por todos. Y la obligatoriedad de las leyes claramente cuestiona un orden anterior en el que algunos podían exceptuarse por su nombre o su apellido. Pero obligatoriedad –y cumplimiento– de las leyes no son ni las invasiones bárbaras ni el acuerdo tras bambalinas. Es el estado de derecho y es la democracia. Tal vez sea esa la verdadera noticia.
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